La nueva Ley Anticorrupción y el riesgo de opacidad para las empresas

El sector legal se encuentra en un estado de máxima vigilancia tras las recientes advertencias del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre la denominada «Ley Anticorrupción» de 2026. La nueva normativa, lejos de fortalecer la transparencia, introduce mecanismos que debilitan los controles preventivos y generan una mayor opacidad en las relaciones mercantiles.

Para las empresas y sus departamentos de compliance, esta ley supone un desafío técnico inmediato que va más allá de la simple ética corporativa.

Los puntos de fricción detectados:

• Debilitamiento de controles: Se alerta de que ciertos cambios en la tramitación administrativa podrían relajar la vigilancia necesaria en proyectos estratégicos, especialmente en sectores como el energético.
• Incertidumbre en la aplicación: Como señala el ICAM, «las reglas pueden ser claras, pero si no se aplican bien, la incertidumbre aparece igual», lo que afecta directamente a la planificación de inversiones a largo plazo.
• Coordinación Administrativa: La ley pone a prueba la coordinación entre administraciones, donde la disparidad de criterios puede derivar en retrasos injustificados y vulnerabilidad jurídica para el administrado.

Implicaciones para el Derecho Mercantil y de Empresa

Desde el punto de vista de la defensa de acreedores y la gestión de grandes activos, la opacidad es el mayor enemigo de la seguridad jurídica. Un marco normativo que favorezca la falta de transparencia en la tramitación de licencias o contratos públicos aumenta exponencialmente los riesgos de:

1. Litigiosidad administrativa: Debido a criterios de adjudicación o control poco claros.
2. Responsabilidad corporativa: Las empresas deben reforzar sus programas de cumplimiento para suplir las posibles deficiencias de control que la nueva ley pudiera permitir.

La opacidad legal requiere un refuerzo de las auditorías internas y una revisión de los protocolos de relación con la Administración Pública.