TJUE: Responsabilidad administradores por el IVA impagado
8 mayo, 2025 - 3 minutes readEl TJUE ha dictado Sentencia por la que establece que los Estados miembros pueden declarar la responsabilidad solidaria de los administradores por IVA impagado, pero no mediante fórmulas de responsabilidad objetiva. Esto significa que la responsabilidad del administrador debe ser probada, no solo por el hecho de ser administrador. La responsabilidad solidaria se justifica para prevenir el fraude fiscal y proteger el interés público.
El fallo del TJUE:
- Permite la responsabilidad solidaria, pero no objetiva:
El TJUE reconoce la necesidad de que los Estados miembros puedan declarar la responsabilidad solidaria de los administradores para prevenir el fraude fiscal y proteger el interés público.
- Requiere prueba de la falta de diligencia:
La responsabilidad solidaria no puede ser automática solo por ser administrador, sino que debe ser probada la existencia de una falta de diligencia o negligencia del administrador en la gestión de la sociedad.
- Se justifica en la prevención del fraude fiscal:
La responsabilidad solidaria se justifica en la necesidad de evitar que los administradores puedan frustrar el pago del IVA mediante la falta de recursos de la sociedad.
- No prohíbe la baja del registro de IVA:
El TJUE no ha prohibido que un Estado miembro excluya a un contribuyente del registro de IVA, pero sí exige que se realice un examen individualizado de la naturaleza de las infracciones y del comportamiento del contribuyente.
Implicaciones:
- Revisión de las leyes nacionales:
Los Estados miembros pueden necesitar revisar sus leyes para garantizar que la responsabilidad solidaria se declare de manera justa y proporcional, evitando la aplicación de fórmulas objetivas.
- Importancia de la prueba:
En caso de que se declare la responsabilidad solidaria, es importante que se pruebe la falta de diligencia o negligencia del administrador, y no solo el hecho de ser administrador.
- Protección del interés público:
La responsabilidad solidaria es una medida que busca proteger el interés público y prevenir el fraude fiscal, por lo que es importante que se aplique de manera efectiva y justa.
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