Víctimas desprotegidas

El mes de septiembre ha estado marcado por una intensa preocupación y polémica en torno a los fallos en las pulseras telemáticas de control en casos de violencia de género. La situación ha puesto en alerta a instituciones y a la opinión pública, y ha generado una oleada de críticas al Gobierno.

Resumen de lo sucedido:

• Los fallos técnicos: El problema principal ha sido un «fallo técnico» masivo que, según se ha informado, se produjo en el traspaso del contrato de gestión y mantenimiento de estos dispositivos entre empresas. Esto provocó que en algunos casos los dispositivos se desconectaran, no detectaran los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento o no enviaran las alertas correspondientes a las fuerzas de seguridad. La consecuencia más grave es que las víctimas quedaron, en algunos momentos, sin la protección que garantizaban estos sistemas.

• Absoluciones de maltratadores: La Fiscalía General del Estado ha reconocido en su Memoria Anual de 2024 que esta problemática ha provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» de las causas. Los jueces, al no poder contar con la prueba del quebrantamiento, se vieron obligados a absolver a los presuntos agresores.

• La posición del Gobierno: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha minimizado la situación, asegurando que se trataba de un «número muy pequeño de casos, que no llega al 1%» y que los problemas se habían «superado» a finales de 2024. No obstante, las noticias de septiembre de 2025 revelan que las fallas continuaron hasta bien entrado el año.

Advertencias del CGPJ y el CGAE:

Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) habían alertado previamente al Gobierno sobre los problemas con las pulseras:

• CGPJ: El Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ envió cartas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en enero y febrero de 2025, informando de «incidencias» detectadas por los juzgados de violencia de género, especialmente en provincias como Granada. Estos avisos fueron una respuesta directa a las «disfunciones» que los magistrados venían denunciando desde julio de 2024. El CGPJ ha desmentido las afirmaciones del Gobierno de que los problemas se habían resuelto a finales de 2024.

• CGAE: El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado públicamente su «preocupación» por la situación y ha pedido una «solución urgente» para corregir los fallos, ya que «ponen en riesgo la vida de la víctima» y alteran el curso de las causas judiciales al perderse datos de los dispositivos. La Abogacía ha insistido en que «no cabe un mínimo fallo en este asunto» y ha recordado que ya había pedido el año anterior el refuerzo de los sistemas de seguimiento y protección.

Situación actual:

La situación en la segunda quincena de septiembre de 2025 es de gran tensión. Mientras el Gobierno insiste en que los problemas han sido resueltos y que no hay peligro, las instituciones judiciales y las asociaciones de víctimas denuncian que los fallos han sido recurrentes y graves.

La polémica ha escalado al ámbito político, con la oposición exigiendo la dimisión de la ministra de Igualdad y denunciando una «desprotección» de las víctimas. Se ha abierto un debate sobre la calidad de los dispositivos, el control del contrato y las responsabilidades por las fallas en un sistema de protección vital. Aunque las autoridades han manifestado que los fallos más críticos han sido solventados, la confianza en el sistema se ha visto seriamente afectada.