Huelga de Jueces y Fiscales del 11 de Junio.

El sistema judicial español se enfrenta a una huelga significativa el próximo 11 de junio de 2025, convocada por una coalición de importantes asociaciones de jueces y fiscales.

El motivo central de esta protesta es el rechazo a las reformas legislativas propuestas por el Gobierno, que, según los convocantes, amenazan la independencia judicial y afectan negativamente la carrera judicial y fiscal.

A pesar de los intentos de diálogo, las negociaciones con el Ministerio de Justicia han sido calificadas de «decepcionantes» por las asociaciones, lo que ha consolidado su decisión de mantener el paro.

La huelga programada para el 11 de junio de 2025 es una medida de protesta inusual y contundente en el ámbito judicial español. Impulsada por varias asociaciones de la judicatura y la fiscalía, esta acción busca expresar un enérgico rechazo a las modificaciones legislativas que el Gobierno pretende implementar. La decisión de recurrir a un paro subraya la percepción de una amenaza fundamental a la autonomía operativa y la integridad profesional de jueces y fiscales.

Las asociaciones convocantes sostienen que los cambios legislativos propuestos podrían menoscabar la independencia judicial y deteriorar las condiciones laborales y la estructura de la carrera judicial y fiscal. Esta situación no se limita a una disputa sobre condiciones laborales, sino que señala un conflicto sistémico más profundo sobre el futuro del sistema judicial español, con el potencial de generar retrasos significativos en los procesos legales y una crisis de confianza en la justicia.

Un número considerable de otras asociaciones judiciales y fiscales han convocado formalmente y mantienen su participación en la huelga del 11 de junio. Entre ellas se encuentran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Estas asociaciones anunciaron colectivamente el paro el 23 de mayo de 2025, en rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno. La participación de estas entidades, que representan a una parte sustancial de la judicatura y la fiscalía, confiere un peso considerable a la convocatoria.

A continuación, resumen postura de las principales asociaciones judiciales y fiscales frente a la huelga del 11 de junio:

• Asociación Profesional de la Magistratura (APM): Rechazo a las reformas gubernamentales, defensa de la independencia judicial, preocupaciones por la carga de trabajo y oposición al proceso de estabilización.

• Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): Rechazo a las reformas gubernamentales, defensa de la independencia judicial, preocupaciones por la carga de trabajo y oposición al proceso de estabilización.

• Foro Judicial Independiente: Rechazo a las reformas gubernamentales, defensa de la independencia judicial, preocupaciones por la carga de trabajo y oposición al proceso de estabilización.

• Asociación de Fiscales: Rechazo a las reformas gubernamentales, defensa de la independencia judicial, preocupaciones por la carga de trabajo y oposición al proceso de estabilización.

• Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF): Rechazo a las reformas gubernamentales, defensa de la independencia judicial, preocupaciones por la carga de trabajo y oposición al proceso de estabilización.

La convocatoria de huelga es una respuesta directa a una serie de reformas anunciadas por el Gobierno, especialmente aquellas que inciden en la carrera judicial. Las demandas fundamentales de las asociaciones convocantes del paro son diversas y profundas:

• Retirada de las Reformas: Las asociaciones exigen de manera explícita la «retirada» de las reformas anunciadas.

• Defensa de la Independencia Judicial: Una de las preocupaciones más apremiantes es la convicción de que los cambios propuestos «rompería la independencia judicial». Esto sugiere una percepción de que las reformas podrían comprometer la autonomía del poder judicial y su capacidad para operar de manera imparcial.

• Dotación Adecuada de Personal y Carga de Trabajo: Las asociaciones solicitan una «amplísima… dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables». Esta demanda pone de manifiesto una preocupación subyacente por la escasez de personal y las cargas de trabajo excesivas.

• Oposición al «Proceso de Estabilización»: Un punto de conflicto particularmente grave es el «proceso de estabilización», calificado como «una de las cuestiones más graves que se recogen en la reforma».
  
  
  

La interconexión de estas demandas es crucial. Las reformas en la estructura de la carrera judicial, como el proceso de estabilización, pueden tener un impacto directo en la independencia judicial al modificar los mecanismos de nombramiento, promoción o permanencia de jueces y fiscales, lo que podría abrirlos a influencias externas.

En un intento por resolver el conflicto, las asociaciones de jueces y fiscales mantuvieron una reunión con el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños. Sin embargo, las asociaciones calificaron la reunión como «decepcionante» y «no productiva», indicando que no se lograron avances significativos ni se alcanzó un acuerdo satisfactorio para sus demandas.

Esta valoración contrasta con la del Ministerio, que describió el encuentro como «constructivo y respetuoso», expresando su voluntad de mantener un «diálogo permanente y respetuoso».

Como consecuencia directa de la falta de un acuerdo, las asociaciones confirmaron su decisión de mantener la huelga para el 11 de junio. Ante el fracaso de las negociaciones a nivel ejecutivo, las asociaciones han anunciado su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para intentar modificar los aspectos controvertidos de la ley durante su tramitación legislativa. Por su parte, el Ministerio ha mantenido una postura firme, declarando que «no contempla retirar el proyecto de ley», lo que subraya la persistencia del desacuerdo fundamental.

La huelga del 11 de junio, respaldada por una significativa coalición de asociaciones judiciales y fiscales, pone de manifiesto las profundas preocupaciones existentes dentro del sistema de justicia español respecto a las reformas gubernamentales.

El fracaso de las recientes negociaciones y la firmeza del Gobierno en no retirar la legislación controvertida evidencian un punto muerto crítico. Esta huelga, si bien no cuenta con el apoyo unánime de todas las instancias judiciales (como Jueces para la Democracia), constituye una poderosa expresión de descontento sobre cuestiones fundamentales como la independencia judicial, la dotación adecuada de personal y la integridad de la estructura de la carrera judicial. La situación actual podría tener repercusiones significativas en el funcionamiento y la percepción pública de la justicia en España.