Advertencia a España por el abuso de interinidad en el empleo público

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha presentado un dictamen muy relevante sobre la situación del personal interino y temporal en las Administraciones Públicas españolas.

Resumen de las Conclusiones del Abogado General (AG) de la UE

En el informe presentado se critica duramente el uso abusivo y prolongado de contratos temporales en el sector público español (los conocidos como «interinos de larga duración»).

Puntos clave del dictamen:

1. Falta de Medidas Efectivas y Disuasorias: La conclusión principal es que el ordenamiento jurídico español no cuenta con medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas para sancionar y poner fin al abuso de la contratación temporal.
2. Crítica a la Figura del «Indefinido No Fijo»: El AG cuestiona que la figura del «indefinido no fijo» (creada por la jurisprudencia española para el personal temporal abusado) sirva realmente como sanción al fraude. Argumenta que esta figura simplemente alarga la precariedad al mantener al trabajador en un estado de provisionalidad hasta que la plaza sea cubierta por un funcionario de carrera mediante oposición.
3. Insuficiencia de la Indemnización: Las indemnizaciones actuales (generalmente 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades) no se consideran una «reparación íntegra» para el daño causado por años de abuso, ya que el tope deja sin compensar la totalidad del tiempo de fraude.
4. No Obligación de Fijeza Automática: El AG no obliga a España a convertir automáticamente en fijos (funcionarios de carrera) a todos los interinos abusados. Sostiene que la Directiva Europea permite otras sanciones, siempre que sean efectivas y disuasorias.
5. Recomendación al Tribunal Supremo: El AG pide al TJUE que recuerde al Tribunal Supremo español la necesidad de garantizar una reparación íntegra y dejar en sus manos la decisión final sobre qué medida de sanción (incluyendo la posible «fijeza» o «conversión a personal laboral fijo» si no hay otra forma) es más adecuada para cumplir con la Directiva Europea, sin vulnerar los principios constitucionales españoles de mérito y capacidad.

Este dictamen del Abogado General es un aviso muy serio a España por parte de las instituciones europeas, y un espaldarazo a las reivindicaciones de miles de trabajadores públicos que llevan años encadenando contratos temporales.

1. Impacto en la Administración Pública: La temporalidad estructural en España (superando el 30% en algunos sectores públicos) ha sido un problema crónico. El informe subraya que la Administración ha utilizado la contratación temporal no para cubrir necesidades puntuales, sino para cubrir plazas estructurales de forma fraudulenta.
2. Presión sobre el Supremo: Aunque el Abogado General no dicta una solución específica (como la fijeza automática), su crítica a la figura del «indefinido no fijo» y a las indemnizaciones insuficientes pone una gran presión sobre el Tribunal Supremo español. El Supremo deberá interpretar la legislación española de manera que ofrezca una sanción efectiva y disuasoria al abuso, lo que podría implicar un cambio en la doctrina actual para estos miles de casos.
3. La Fijeza como Única Vía: Para muchos juristas, la crítica a las indemnizaciones y al «indefinido no fijo» deja a la fijeza (la conversión de la relación laboral a indefinida o fija) como la única medida realmente disuasoria y que ofrece una reparación íntegra en la práctica.

En definitiva, la UE le dice a España: «El sistema de temporalidad en vuestro sector público es abusivo y las medidas actuales (indemnizaciones y la figura del indefinido no fijo) no son suficientes para sancionar el fraude. Debéis encontrar una solución más contundente». Se espera que la sentencia final del TJUE (prevista para los próximos meses) recoja en gran medida estas conclusiones y obligue a España a reformar su marco legal.