Dirección IP, teléfono o dirección email de los usuarios no pueden ser aportados por plataformas como YouTube a terceras personas, a pesar de la comisión de presuntas infracciones sobre propiedad intelectual. De esta forma, así ha sido contemplado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la resolución de un contencioso mantenido entre la compañía Constantin Film Verleih GmbH frente a Google y Youtube.

Constantin exigió a Google la información personal relativa a un usuario que “colgó” dos películas con derechos de explotación reservados. El contenido fue visionado por miles de personas no obstante Google se opuso a facilitar la información del usuario por estimar se encontraban protegidos por la regulación sobre protección de datos confidenciales y personales.

El TJUE, alineado con la postura mantenida por Google, ha determinado que la subida a Internet o a una plataforma como Youtube, de una película ilegal, el titular de la misma solamente puede exigir al operador de internet que corresponda, la dirección postal del usuario, pero nunca su dirección de correo electrónico, la IP, ni su nº de teléfono.

Por tanto, la solicitud únicamente puede referirse a la dirección postal del usuario presunto infractor, al amparo de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. El resto de datos antes mencionados, se consideran especialmente sensibles, y el ordenamiento no protege que se compartan sin la autorización de los afectados. 

Si bien es cierto, la Directiva 2004/48 regula que se puedan compartir «direcciones» de los productores, distribuidores y suministradores de las mercancías o de los servicios litigiosos. No obstante, no determina qué tipo de datos abarca dicho concepto, si son direcciones IP, telefónicas o domiciliarias. 

Por tanto, el TJUE determina que el concepto «direcciones» no alcanza a información relativa a teléfono móvil, dirección IP o correo electrónico, por cuanto en ese caso, el legislador lo habría contemplado de forma específica.

El TJUE, ha considerado que la regulación sobre la materia, busca conciliar el respeto de diferentes derechos e intereses, en concreto el derecho de información de los titulares y el derecho a la protección sobre datos personales de los usuarios.

Lo anterior no significa que la Ley permita que los piratas informáticos puedan operar impunemente para el TJUE. Cada Estado miembro dispone de potestad para autorizar concesiones de información de forma más amplia sobre cada uno de los perfiles que en su caso, puedan llegar a vulnerar determinados derechos sobre propiedad intelectual. Por todo ello, se está refiriendo a aquellas situaciones en las que se “cuelgan” determinados contenidos ‘piratas’. En el proceso, debe existir un equilibrio entre los derechos e intereses de cada una de las partes.