Reforma Ley de Sociedades de Capital

23 abril, 2021 - 8 minutes read

La Ley 5/2021, de 12 de abril, ha modificado el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Según se hace referencia en el Preámbulo de la Ley, se pretende adaptar la LSC a la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, que hubiera debido trasponerse antes del  10 de  junio de 2019.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Directiva Europea, además de la polémica suscitada en su momento en el Anteproyecto, además de la tramitación previa a la remisión a las Cortes, así como las enmiendas que se han venido sucediendo a lo largo del pasado otoño, han hecho viable la publicación de numerosos artículos, así como la celebración de distintos Congresos y numerosos debates al respecto.

La reforma de la Ley pretende abarcar muchos más elementos que los previstos y regulados en la referida Directiva Europea, añadiendo todo lo concerniente a las acciones de lealtad, y regulando la celebración de las juntas telemáticas en el marco de las previsiones previamente introducidas con las que se afrontaron las dificultades planteadas por la pandemia.

1. PREVISIÓN -ESTATUTARIA “DERECHO DE VOTO ADICIONAL DOBLE POR LEALTAD”.

Se contempla como un derecho adicional doble que las sociedades de capital pueden añadir a sus accionistas en virtud adopción de los oportunos acuerdos sociales en Junta General de socios a los efectos de incorporar a los estatutos, lo que se contempla como la figura de las acciones de lealtad (opt-in). Se trata de un derecho de voto doble, supeditado al cumplimiento de dos requisitos:

  1. Permanencia ininterrumpida en la sociedad por un período mínimo de dos años;
  2. Inscripción (a instancia del accionista) en el libro registro especial.

El voto doble se limitará a aquellas acciones que el accionista expresamente señale. Todo lo anteriormente señalado sin perjuicio del futuro desarrollo reglamentario de la norma que deberá concretar toda una serie elementos técnicos indispensables para salvaguardar la coordinación entre el libro registro de acciones con derecho de voto doble y el registro de anotaciones en cuenta.

2. JUNTAS TELEMÁTICAS

Resultarán viables cuando se hayan previsto en los correspondientes estatutos sociales, y de este modo, también venga acordado por el órgano de administración en la oportuna convocatoria de Junta. La reforma estatutaria que permita incorporar esta posibilidad tendrá que ser aprobada necesariamente por la mayoría de 2/3 sobre el capital presente y representado.

Para la válida celebración de la Junta, se necesitará salvaguardar la identidad y legitimación de los socios y/o representantes; y asimismo, se garantice que todos los asistentes puedan participar mediante medios de comunicación a distancia que posibilite el ejercicio adecuado de sus derechos en tiempo real, así como seguir las intervenciones del resto de los asistentes. Los anteriores requisitos pueden plantear algunos problemas derivados de la identificación de la condición de socio, y prueba o acreditación de representación.

3. REMUNERACIÓN ADMINISTRADORES Y PROHIBICIÓN CONSEJEROS PERSONAS JURÍDICAS EN SOCIEDADES COTIZADAS

La remuneración derivada del ejercicio de las correspondientes funciones ejecutivas se ajustará a la política de remuneraciones aprobadas en Junta, así como a lo que conste contemplado en los estatutos sociales. La modificación de la norma requiere una mayor concreción sobre las políticas de remuneraciones y en el informe anual sobre remuneraciones. En el supuesto que la Junta rechazase la política propuesta deberá aplicarse la anterior vigente hasta el momento, restando pendiente de incorporar a la siguiente junta ordinaria una nueva propuesta. Si la junta rechaza el informe anual sobre remuneraciones únicamente se podrá aplicar la política vigente hasta la siguiente junta ordinaria.

La norma excluye la posibilidad de que los consejeros de sociedades cotizadas sean personas jurídicas, a salvo de aquellas sociedades pertenecientes al sector público.

4. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La ley presta especial atención a las operaciones vinculadas atribuyéndose su competencia al órgano de administración, con las siguientes excepciones:  1) El valor de la operación sea igual o superior al 10% del activo según último balance y 2) Determinadas operaciones de menor relevancia podrán ser delegadas siempre y cuando existan mecanismos de control.

En las sociedades cotizadas, se contemplan como operaciones vinculadas las realizadas por la sociedad o sociedades dependientes cuando contengan consejeros, accionistas titulares del 10% o más de los derechos de voto y los altos directos u otras personas que puedan considerarse vinculadas atendiendo a lo dispuesto en la NIC 24.

Por otro lado, se determina que no se considerarán operaciones vinculadas las desarrolladas entre la sociedad y una filial íntegramente participada, así como las celebradas con entidades participadas siempre que ninguna otra parte vinculada a la primera tenga intereses en las dependientes. Y por otro lado también los contratos de consejeros ejecutivos y altos directivos y las celebradas por entidades de crédito atendiendo a la salvaguardia de la estabilidad financiera.

En cualquier caso, en las sociedades cotizadas resulta indispensable la intervención de la comisión de auditoría que deberá emitir un informe antes de la aprobación de la operación por el consejo que acredite que la operación es justa y/o razonable.

5. OTRAS REFORMAS La norma contempla otra serie de novedades que pueden reducirse a la necesidad de dotar al sistema de una mayor transparencia, como las que se derivan de las reglas relativas a la identificación del beneficiario último, las obligaciones de información y transparencia que se establecen respecto de los “proxy advisors”, las relativas a la implicación de los inversores institucionales, etc…