El 1 de abril de 2020, consta publicado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Este RDL contempla cambios respecto a lo regulado en Real Decreto 8/2020 en cuanto a plazos, forma de celebración de los consejos, juntas generales, así como los criterios para modificar la propuesta de aplicación de resultados, todo ello, enmarcado con el reciente comunicado del Colegio de Registradores y la CNMV.

Seguidamente exponemos un resumen de las modificaciones más significativas:

  1. Entidades de derecho público.

Formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019, conforme con los plazos regulados en la normativa. Si no fuera posible lo anterior, como consecuencia de la declaración de estado de alarma, y así fuera acordado y comunicado a la Intervención General de la Administración del Estado, comportará la suspensión de los términos previstos en la norma que sean aplicables a partir de la declaración del estado de alarma, restaurándose su cómputo cuando se decrete su fin, o en su caso, se ampliará el vencimiento en un periodo equivalente al que represente la duración del estado de alarma.

  • Entidades de derecho privado

Durante la vigencia del estado de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno, así como la administración de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, se contempla su celebración mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple. Se elimina el deber de que el medio utilizado certifique la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. Se exige como limitación, que los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, que el secretario del órgano reconozca su identidad y que así lo exprese en un acta que deberá remitir inmediatamente a las direcciones de email de cada uno de los concurrentes.

El RDL 8/2020 determinó la suspensión del término de 3 meses desde el cierre del ejercicio social para la formulación de cuentas anuales, así como el resto de documentación obligatoria, y hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose el cómputo por otros nuevos 3 meses desde esa fecha. El RDL 11/2020 incorpora la validez de la formulación de cuentas anuales que formalice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica mientras dure el estado de alarma. A su vez, posibilita se efectúe su verificación contable en el término legalmente determinado, o en su caso, acogerse a la prórroga de 2 meses en aquellos supuestos en los que a la fecha de declaración del estado de alarma, o durante la vigencia del mismo, la entidad hubiera formulado ya las cuentas del ejercicio anterior. En estos supuestos, el vencimiento para la verificación contable de esas cuentas, tanto si se trata de supuestos de auditoría contable o voluntaria, prorrogándose por dos meses computables desde la finalización del estado de alarma.

La norma recoge las directrices expuestas en la nota informativa que el 26 de marzo 2020 emitió la CNMV y el Colegio de Registradores, en lo que afecta a la propuesta de aplicación del resultado, es decir:

Las sociedades mercantiles que hayan formulado cuentas anuales y convoquen junta general ordinaria desde el 18 de marzo de 2020, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado comprendida en la memoria por otra propuesta. A su vez, el órgano de administración tendrá que demostrar que en base a la situación derivada del COVID-19, el hecho de haber sustituido la propuesta de aplicación del resultado. En ese caso, deberá acompañar un escrito por parte del auditor de cuentas, indicando que no hubiera procedido la modificación de su opinión de la auditoría, en el caso de haber tenido conocimiento en el momento de su firma, la nueva propuesta.

En el caso de sociedades donde la junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano de administración podrá optar por retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado, con el fin de someter a la junta, una nueva propuesta para su aprobación oportuna. Dicha Junta deberá celebrarse en el término previsto legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de administración tendrá que publicarse con anterioridad a la celebración de la junta general previamente convocada. Para la nueva propuesta, se deberán cumplir los requisitos de justificación, así como acompañarse el escrito de auditor de cuentas. La certificación del órgano de administración emitido con el fin de proceder al depósito de las cuentas se circunscribirá al hecho de la aprobación de las cuentas anuales, presentándose de forma posterior ante el Registro Mercantil la correspondiente certificación complementaria que determina la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

  • Entidades cotizadas

Se sujetan a lo previsto en el RDL 8/2020 en cuanto al deber de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV, así como el informe de auditoría de sus cuentas anuales que podrá materializarse en el término de 6 meses desde el cierre de ejercicio social. Este término se prorrogará hasta 4 meses en cuanto a la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral. La junta general ordinaria de accionistas podrá convocarse en el plazo de diez meses del ejercicio social.

Se incorporan medidas que permiten la asistencia a la junta general de forma telemática o ejercicio derecho a voto a distancia. A su vez, se permite la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional, y todo lo anterior, aunque no conste regulado en los estatutos sociales. Igualmente, estas medidas se podrán implementar a aquellas de accionistas previamente convocadas a fecha del 18 de marzo de 2020, requiriendo la publicación de un anuncio complementario en el plazo previo de 5 días antes de la fecha prevista para la celebración de la junta.

El RDL incorpora a su vez, determinadas medidas en aquellos casos en los que las medidas impuestas por las autoridades públicas no permitiesen celebrar junta general en el lugar y domicilio fijado en la convocatoria y no se hiciere uso de la facultad contemplada anteriormente.

Se reputarán como válidos, todos aquellos acuerdos del consejo de administración, así como los acuerdos de la Comisión de Auditoría que deban informar de forma previa, en los supuestos que se aprueben por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple. Sin embargo, lo anterior se podrá aplicar, aunque no conste regulada en los estatutos sociales, siempre y cuando, los consejeros dispongan de los medios necesarios para tal trámite, y a su vez, el secretario certifique su identidad, expresamente en el acta de la junta, em igualmente en la certificación de los acuerdos. En estos casos, la sesión se estimará como única y celebrada en el lugar del domicilio social.

En el caso que las sociedades cotizadas apliquen cualquiera de las medidas anteriormente descritas, en lo que afecta a la propuesta de aplicación de resultados de las entidades de derecho privado, la nueva propuesta, su justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse públicos desde el momento en el que resulten aprobados. Y también, toda aquella información complementaria correspondiente a las cuentas anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV, así como cualquier otra información importante.