Nueva regulación contra el fraude fiscal

15 octubre, 2020 - 3 minutes read

El nuevo anteproyecto de Ley de medidas para la lucha contra el fraude fiscal, pretende recaudar alrededor de 3.000 millones de euros, e incorpora la limitación de pagos en efectivo a la cantidad de 1.000 €. Dicha limitación se aplicaría a ciertas operaciones económicas suscitadas entre profesionales y empresas. Esta limitación venía regulada en la anterior Ley contra el fraude fiscal, no obstante, a través de la actual regulación se ha pretendido que resulte plenamente aplicable.

Asimismo, con la actual normativa contra el fraude fiscal, se busca reducir drásticamente las operaciones concertadas con dinero en efectivo. En la actualidad, la AEAT se garantiza que las grandes operaciones comerciales se efectúen por vía bancaria, a efectos de dejar constancia de cada una de las operaciones económicas.

En ese sentido, hasta el momento el art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, fijaba el límite económico de pagos en efectivo para ciertas operaciones en la cantidad máxima de 2.500,00 €.

Por otra parte, el anteproyecto contempla la restricción legal del conocido como «software de doble uso». Se tratan de aquellos programas informáticos utilizados comúnmente con la intención de manipular la contabilidad de las empresas. La nueva ley exige que los referidos programas informáticos se adecúen a la normativa vigente y tengan por finalidad garantizar la trazabilidad así como necesaria accesibilidad a cada uno de los registros contables. En ese sentido, los fabricantes de software quedan expuestos a posibles sanciones y responsabilidades económicas en el supuesto que sus sistemas incumplan la nueva normativa contra el fraude.

Asimismo, la AEAT busca controlar todo lo relativo a las criptomonedas. Dicha moneda, se ha instaurado en los últimos años como opción al dinero en efectivo para el pago de determinadas actividades ilícitas. La Ley impondrá la obligación de informar acerca de los saldos, identificación de los titulares de estas monedas virtuales, y de las actividades vinculadas a las mismas.