El derecho a la “ocupación pública y pacífica” de un domicilio ajeno, no existe y carece de eficacia. De esta forma, lo considera una reciente sentencia dictada por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por los okupas de un domicilio.

Los recurrentes hicieron valer como argumento principal de su recurso de apelación, el supuesto derecho de ocupar pública y pacíficamente una vivienda ajena. La intención del recurso, era suspender y anular la orden judicial dictada en 1ª Instancia, que les condenaba a la devolución de la vivienda ocupada, a su legítimo dueño.

El Tribunal, además de confirmar la sentencia dictada por el juez de 1ª Instancia, a su vez, determina que el derecho invocado por los okupas recurrentes, se trata de un derecho inexistente en nuestro ordenamiento. Pero además, la Sentencia acuerda retirar el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, condenándoles por el hecho de concurrir mala fe procesal y abuso derecho al haber interpuesto un recurso que la Sala considera ilegítimo y temerario.

La Sala confirma íntegramente la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, y estima que los Okupas deben desalojar el inmueble ocupado sin justa causa a la mayor brevedad posible, poniéndolo a disposición de su justo dueño. Por otro lado, en el interín del proceso, la situación de ocupación se notificó oportunamente a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente, no apreciándose justificación alguna que permita privar al legítimo propietario en cuanto a poseer y disfrutar de su vivienda, consintiendo que los ocupantes ilegales sigan residiendo en la vivienda de forma gratuita.

El supuesto derecho alegado por los recurrentes, relativo a la “ocupación pública y pacífica” de viviendas ajenas, carece de eficacia y fundamento, negando el Tribunal que realmente pueda defenderse jurídicamente la existencia de un derecho de tales características. Por otro lado, se estima que concurre temeridad de los recurrentes y mala fe procesal como consecuencia de la tramitación del recurso, dado que eran conscientes al momento de interponerlo que el mismo no tendría éxito y serían rechazadas sus pretensiones ante la 2ª Instancia. Los okupas litigando amparados por el beneficio otorgado de Justicia gratuita, pretendían extender en el tiempo, su posesión ilegítima del inmueble, posponiendo así su lanzamiento y desalojo en el trámite suspendido de ejecución de sentencia en virtud recurso apelación. La Sala entiende que concurre mala fe procesal, abuso de derecho y temeridad de los okupas en el litigio.