Como consecuencia de la grave situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El decreto de estado de alarma adopta limitaciones importantes a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, así como medidas de contención en la esfera educativa, laboral, comercial, recreativa y lugares de culto.

Para asegurar el cumplimiento de las referidas medidas de contención, el gobierno reguló mediante el Real Decreto de referencia, diversas medidas de carácter extraordinario aplicables a la esfera societaria y mercantil y por tanto, dirigido a asociaciones, sociedades civiles, mercantiles, sociedades cooperativas y fundaciones.

Se contempla la posibilidad de celebrar sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las personas jurídicas y entidades, mediante videoconferencia, aunque dicha prevención no conste regulada en sus respectivos Estatutos Sociales. A tales efectos, la videoconferencia debe asegurar la autenticidad, así como la conexión bilateral y en su caso, plurilateral en tiempo real, mediante imagen y sonido de los asistentes en situación remota. Por último, la sesión se entenderá como celebrada en el domicilio social de la persona jurídica.

Igualmente, se podrán aprobar acuerdos de los órganos de gobierno y de administración mediante votación por escrito y sin sesión celebrada, aunque no lo conste regulado en los Estatutos Sociales. De igual forma, la sesión de la Junta se considerará celebrada en el domicilio social de la persona jurídica o entidad.

Las personas con potestades certificadoras en el seno de las sociedades no mercantiles, podrán dejar constancia en el acta de la junta respectiva, de los acuerdos adoptados. De esta forma, se considera aplicable lo previsto en el art. 100 del Reglamento del Registro Mercantil para las sociedades no mercantiles.

Se acuerda suspender el plazo de tres meses para la formulación de las cuentas anuales, y del resto de documentos obligatorios por ley, mientras siga vigente el estado de alarma. Una vez finalizado el estado de alarma, el plazo volverá a reanudarse por otros 3 meses a contar desde esa fecha.

Prórroga en el plazo para la confección de auditorías obligatorias por ley, respecto de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior, y que ya constasen formuladas en el momento de haber sido declarado el estado de alarma, en el plazo de dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

La junta general ordinaria reunida para la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, deberá convocarse dentro de los tres meses siguientes desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

Se podrá modificar o en su caso, revocar los anuncios de convocatorias de junta general que hayan sido publicados de forma previa a la declaración del estado de alarma, pero cuya celebración resulte de fecha posterior a esa declaración. El órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos, o en su caso, revocar el acuerdo de convocatoria en virtud anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la web de la sociedad. En el caso que no dispusiera de página web, en el «BOE».

En el supuesto de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración tendrá la obligación de realizar una nueva convocatoria en el término correspondiente al mes siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma.

Se contempla la posibilidad de utilizar medios de comunicación remotos a tiempo real por parte del notario qué en su caso, fuera requerido para asistir a una junta general de socios. Los medios de comunicación deberán garantizar de forma fehaciente el cumplimiento de la función notarial.

Mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas, se decreta la prohibición de los socios de las sociedades de capital, en cuanto a ejercer el derecho de separación, aunque pueda concurrir justa causa legal o estatutaria.

Se decreta la prórroga del derecho de reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma por el término de seis meses computables desde la finalización del estado de alarma.

Se prohíbe el acuerdo de disolución de una sociedad por transcurso, durante el estado de alarma, de su término, hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

Exoneración de responsabilidad de los administradores por las deudas sociales contraídas mientras siga vigente el estado de alarma, cuando la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acontecido a lo largo de la vigencia del estado de alarma.

Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro (asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales) mientras dure la vigencia del estado de alarma, así como de sus posibles prórrogas. El cómputo de los plazos respectivos, se considerarán reanudados a partir del día siguiente de la finalización del estado de alarma o de sus prórrogas.

Suspensión del deber de solicitud de concurso en la vigencia del estado de alarma. Según contempla la normativa concursal y mercantil, el administrador legal en representación de la sociedad deudora, ostenta el deber de convocar junta general de socios para proponer a la Junta la disolución de la sociedad o solicitar el concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia social, o dentro del plazo de 3 meses desde la comunicación al juzgado de la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, se decreta la prohibición judicial de admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario presentadas por acreedores durante el estado de alarma o que se presenten durante esos dos meses. En el caso de presentación de concurso voluntario por parte de la sociedad deudora, se admitirá a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. Por todo ello, se interrumpe el plazo fijado en la Ley Concursal para que, una vez acaecida la situación de insolvencia, el deudor presente concurso de acreedores. La obligación de la sociedad deudora del deber de solicitar la declaración de concurso, que debe efectuarse en el término de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, se suspende a todos los efectos mientras siga vigente el estado de alarma o sus prórrogas.