Las empresas pueden exigir a sus trabajadores someterse a las pruebas de detección COVID

29 septiembre, 2020 - 2 minutes read

Según las previsiones normativas contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas ostentan legitimación para exigir a sus trabajadores la realización de las correspondientes pruebas médicas (PCR, serológicas o análogas) para detectar si padecen infección por coronavirus de forma previa a reincorporarse de forma presencial a sus respectivos puestos de trabajo, todo ello, con la finalidad de preservar la salud y seguridad de todo el colectivo.

La realización de tests dirigidos a comprobar si los trabajadores de una empresa se encuentran afectados por la infección por Covid-19, tiene por objeto controlar que la ejecución de su prestación laboral no constituya un peligro para ellos mismos, así como para el resto del personal empleado, o incluso para otras personas que puedan relacionarse con la empresa. En definitiva, es una medida de control y prevención de la salud que se encuentra amparada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La normativa reguladora sobre protección de datos personales no puede obstaculizar ni impedir la aplicación de las medidas de higiene, prevención y detección de la infección por coronavirus. En ese sentido, todas las prevenciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales pueden ser adoptadas sin necesidad de contar con el consentimiento explícito de los afectados.

Las medidas de prevención antes referidas, se consideran proporcionales a la finalidad pretendida, ya que conllevan un nivel de fiabilidad y seguridad que no puede obtenerse por ningún otro medio. Por otro lado, la realización de dichas pruebas médicas de detección, se limitan exclusivamente a verificar si las personas en cuestión se encuentran contagiadas o no por COVID-19, respetando cualesquiera otras patologías sobre las que no se efectúa ninguna otra indagación.

La negativa del trabajador a someterse a las pruebas médicas de detección del COVID-19, puede implicar la ejecución de actuaciones de carácter disciplinario.