Según reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 6 de Madrid, se establece que la DGT no puede imponer una multa cuando no consta identificado el presunto conductor infractor. Se trata de una sentencia histórica que supone un punto inflexión en las sanciones de tráfico. La mayor parte de las multas que se imponen en España, no consta identificado el conductor y presunto infractor. De esta forma, así ocurre en las sanciones impuestas por medio de radares fijos y móviles que multan cada día a miles de conductores, básicamente por exceso de velocidad.

La mayoría de veces, en las sanciones derivadas de radares y exceso de velocidad, no constan identificados los conductores infractores. A pesar de lo anterior, la DGT posteriormente remite una notificación al propietario del vehículo, reclamando el pago de la correspondiente sanción económica, y/o en su caso, se les requiere para que procedan a identificar la persona que materialmente les conste haya cometido la presunta infracción para dirigirle la multa.

La actual sentencia, es una resolución histórica que puede cambiar la situación y dinámica relativa a las sanciones e imposición de multas de la DGT, en la que esencialmente, se obliga a la administración a identificar de forma previa a imponer una sanción de tráfico. En el caso de resultar desconocido el infractor, no procede imponer la sanción detectada por un radar móvil o fijo, ni tampoco proceder a restar puntos del carnet de conducir al propietario del vehículo, ya que en ese caso, se conculca el principio constitucional de presunción de inocencia. La sentencia determina literalmente que «no existe prueba en el expediente administrativo de que el recurrente fuera el conductor del vehículo»

El tribunal contencioso/administrativo establece que el derecho a la presunción de inocencia ostenta mayor valor jerárquico como principio jurídico que la potestad sancionadora de la DGT, criticando frontalmente la legitimidad de requerir al titular de un vehículo a efectos de exigir que comunique o identifique al conductor o supuesto infractor. La Sentencia determina que «no existe prueba en el expediente administrativo de que el recurrente fuera el conductor del vehículo», por lo que toda sanción sería objeto de anulabilidad así como la imposición de pérdida de puntos del carnet.