La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en virtud sentencia del  de 13 de septiembre de 2019, ha confirmado la sanción de 50.000,00 € por infracción grave para la agencia de crédito OK MONEY SPAIN S. L., al incluir los datos personales de un avalista en una lista de morosos, sin verificar si el referido deudor solidario había accedido y/o leído efectivamente el requerimiento extrajudicial de pago.

La Sala estimó que la aportación de la captura de unos pantallazos obtenidos del registro de emails enviados dirigidos al deudor al objeto de requerirle extrajudicialmente al pago de una deuda, no es motivo suficiente para demostrar que el deudor accedió efectivamente al contenido del requerimiento. En consecuencia, la mera remisión de mensajes vía mail para requerir previamente a un deudor al pago de una deuda, no es prueba suficiente que permita demostrar que el destinatario tuvo acceso a su contenido, y se le pueda tener por requerido a todos los efectos.

Por tanto, esta sentencia confirma la sanción por infracción grave interpuesta previamente por la Agencia de Protección de Datos, que sancionó a la referida entidad de crédito por haber incorporado los datos personales del avalista deudor, por una cuantía impagada de 211,60 euros, en el fichero de solvencia ASNEF.


En consecuencia, es imprescindible la confirmación de acceso al requerimiento previo por parte del deudor requerido para que pueda ser incluido en una lista de morosos o insolvencia. La reclamación de pago será requisito necesario para verificar la autenticidad de la deuda y la concurrencia de mora en el deudor, todo ello, tal como determina el art. 29 de la ley vigente en el momento del conflicto (2015), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por otra parte, la incorporación de nombres y otros datos sensibles en ficheros de insolvencia, debe también cumplir con el principio de calidad del dato, recogido en el artículo 4.3 de la LOPD de 1999. No cumplir con los requisitos estaba previsto con multa de entre 40.001 y 300.000 euros al constituir una fracción grave. 

Asimismo, el tribunal recuerda que la inclusión de datos personales en listas de morosos debe cumplir los requisitos del Real Decreto 1720/2007, donde el art. 38 regula tres requisitos que permiten la inclusión de datos en estos ficheros:

1.    Verificación existencia deuda cierta, vencida, exigible e impagada

2.    Que no transcurran seis años desde la fecha del impago.

3.    Existencia requerimiento de pago previo al deudor u obligado al pago.

Por otro lado, la Sentencia estimando lo que contempla el art. 1100 del Código Civil, determina que para que el retraso en la obligación se constituya en mora es imprescindible la reclamación previa. El Tribunal contempla que “mientras tal interpelación no se produzca, por muy grave que sea el retraso en que se haya incurrido, no es posible hablar técnicamente de deudor moroso”. De este modo, se concluye que el acreedor tiene el deber de guardar la documentación e información correspondiente que permita posteriormente demostrar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa a incorporar los datos personales de un deudor en un fichero de morosos. En consecuencia, unos pantallazos pueden acreditar el envío de las comunicaciones o requerimientos al deudor pero no demuestran el acceso efectivo al contenido de los mismos por parte de su destinatario.