Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Nuevas medidas dirigidas a ampliar la protección a los colectivos más vulnerables, empresas y autónomos

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

El BOE publica un anexo con la relación de servicios y ámbitos profesionales que no estarán sometidos al cese de actividad

El Consejo de Ministros aprueba un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena de servicios no esenciales

El Congreso autoriza la prórroga del estado de alarma hasta el 12 de abril para hacer frente al COVID-19

Ministerio de Sanidad: Información para la ciudadanía

Sitio Web Organización Mundial de la Salud

El Gobierno solicita al Congreso la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Actualización nº 48. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 18.03.2020 (datos consolidados a las 21:00 horas del 17.03.2020)

Evolución actualizado COVID-19 en España (Ministerio Sanidad)

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Mapa coronavirus COVID-19, en tiempo real

El Gobierno puede limitar la circulación de personas, intervenir industrias o requisar bienes y activos de forma temporal.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno ha anunciado hoy viernes día 13 marzo 2020 la declaración del estado de alarma en España, como medida extraordinaria prevista la Constitución Española (CE). El estado de alarma se declara en todo o parte del territorio nacional por el Gobierno en virtud decreto acordado en Consejo de Ministros, determinándose el ámbito territorial, los efectos y su duración que no excederá del plazo de 15 días, salvo autorización expresa del Congreso de los Diputados. Esta previsión constitucional posibilita la limitación en la circulación de personas, requisar temporal de bienes, intervenir industrias y limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

El estado de alarma se contempla específicamente en el art. 116 CE, y a su vez, en la Ley Orgánica nº 4/1981, de 1 de junio, sobre los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de alarma es la situación más leve de las tres previstas, y a diferencia del estado de excepción y el estado de sitio, no posibilita la limitación de derechos fundamentales, como por ejemplo serían los derechos de reunión o de libertad de expresión.

Acciones permitidas al Gobierno, previstas en el estado de alarma:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

El estado de alarma no afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en la CE, que permanecen vigentes. No obstante, si puede tener efecto sobre algunas libertades, pues posibilita que el Gobierno determine ciertas limitaciones a la libre circulación, o en su caso, la posibilidad de requisar bienes e intervenir industrias. La ley contempla el derecho de los ciudadanos a resultar indemnizados por posibles daños o perjuicios derivados de actuaciones que no les sean imputables, como consecuencia de aquellas decisiones adoptadas por el gobierno en la situación del estado de alarma.

El estado alarma implica la concentración en el Estado de una serie de potestades básicas, como la derivada del hecho que todas las autoridades civiles de la Administración, incluidos los cuerpos policiales, resultan sometidos a las directrices del Gobierno. Por tanto, el Ejecutivo puede imponer “servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.

Igualmente, el ejecutivo puede decretar el estado de alarma en caso de “alteraciones graves de la normalidad”. En los supuestos regulados por la ley, se encuentra expresamente contemplado la existencia de una crisis sanitaria derivada de una situación de epidemia como la que nos ocupa, qué en la actualidad, en el del coronavirus, se trata ya una pandemia global, según ha determinado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La previsión según el presidente Sánchez, es que en España se alcance cerca de los 10.000 afectados. Por ello, ha apelado a la ciudadanía: «Todos tenemos una tarea y una misión en los próximos días, semanas y no es menor». «Me gustaría apelar a los compatriotas» porque «la victoria depende de cada ciudadano en su hogar, en su familia, en su trabajo y en su vecindario»: «El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía».

Se ha dirigido igualmente a las personas mayores y a la población de riesgo: «Deben protegerse al máximo frente a la infección, evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos».

E igualmente se ha dirigido a los jóvenes, quienes «tienen una misión decisiva» para evitar los contagios. «Es cierto que, por su vitalidad, pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables», ha expuesto, por lo que les ha recordado que «deben limitar sus contactos y mantener la distancia social».

El Gobierno, las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios también están recomendando a la población a quedarse en casa, evitando desplazamientos y adoptar medidas de prevención e higiene indispensables dirigidas a evitar el contagio por coronavirus, y sobre todo para evitar poner en riesgo la salud de la población de riesgo. Un 5% de los contagiados requiere ingreso en la UCI, mientras que los casos siguen aumentando.

Supuestos contemplados por la OMS, que posibilitan la declaración del estado de alarma:

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

En el supuesto que el Gobierno considere necesario prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días permitidos por ley, tendrá la obligación de solicitar al Congreso una autorización de forma previa a la expiración del referido plazo de 15 días. La decisión se tomará en Pleno, y los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes.