El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado por unanimidad que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional.

La sentencia establece que en los casos en los que existe un incremento de la transmisión y la cuota a tributar resulta superior al incremento obtenido conlleva la tributación por una renta irreal o ficticia, e implica un exceso fiscal con efectos confiscatorios y opuesto al principio constitucional de capacidad económica (art. 31.1 CE). Por tanto, después de esta Sentencia, los efectos sobre “la Plusvalía Municipal”, oficialmente denominada como Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), debe estimarse nulo el cobro de este tributo cuando su coste resulta superior al beneficio obtenido.

El TC restringe las situaciones susceptibles de examen o revisión, y las circunscribe solamente a aquellas que pendientes de declararse firme tras su publicación. La sentencia dispone que: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1020-2019, promovida por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional con el alcance previsto en el Fundamento jurídico quinto a).”

Por tanto, el TC ha ampliado los motivos de inconstitucionalidad en relación al impuesto de plusvalías a aquellas liquidaciones que resulten confiscatorias, tras dictar sentencia estimando la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Nº 32 de Madrid sobre el impuesto de Plusvalía Municipal. En consecuencia, no se someterán a tributación por este impuesto, aquellos casos en los que existiendo incremento de valor, derivado del resultado de comparar el valor de adquisición del inmueble con el valor de transmisión, dicho resultado termina absorbido por la cuota resultante del cálculo del impuesto.

Lo anterior conlleva la obligación de valorar la capacidad económica real que se desprende del hecho de la transmisión. Y no únicamente cuando existe incremento sino también cuando dicho incremento resulta inferior a la cuota a ingresar por el tributo, y también en aquellos casos en los que casi todo el beneficio debe ligarse a su liquidación. Esta Sentencia fija el límite insuperable de la confiscatoriedad para cualquier circunstancia particular, no como en el año 2017 cuando el TC anuló el impuesto, pero únicamente en situaciones que quedaban pendientes de tributación para supuestos donde no existía ganancia en la transmisión del inmueble, esto es inexistencia de incremento de valor, no produciéndose sujeción al impuesto. No obstante, con esta Sentencia los ayuntamientos no podrán reclamar el impuesto, no solo cuando no haya incremento en la transmisión de un inmueble urbano, sino que tampoco en aquellos casos en los que no exista ganancia, es decir, aunque el importe a pagar sea superior al beneficio obtenido.