El Gobierno ha ultimado un paquete de medidas legales con el fin de dar respuesta a las reivindicaciones del sector del campo como consecuencia de su precaria situación económica. El Gobierno ha considerado que las reclamaciones del sector agrario “son legítimas, tienen razón de ser y deben ser atendidas”.

Las Medidas contempladas forman parte de la reforma de la ley de la cadena alimentaria, aprobada en 2013, y que finalmente se actualizará por medio del Real Decreto Ley aprobado el 25 febrero 2020 en Consejo de Ministros. Ahora la nueva regulación está pendiente de su tramitación ante el Congreso de los Diputados.

Las novedades introducidas recogen asimismo la directiva europea de prácticas comerciales desleales, que aún seguía pendiente de transponer y las medidas adoptadas esencialmente pueden resumirse en los siguientes cuatro apartados

El punto principal deriva de la reclamación histórica del sector del campo, relativo a prohibir la venta a pérdidas. En ese sentido, se reivindica que los operadores de cualquier escalafón que compone la cadena alimentaria, debe estar obligado a abonar al eslabón inmediatamente anterior, un precio igual o superior al coste efectivo que compone la producción del bien comerciado en cuestión.

En consecuencia, cuando se dé la circunstancia que un establecimiento venda el producto por debajo de ese valor, se verá obligado a repercutirlo en su propia estructura de costes.  En cambio, en el caso que adquiere el producto por debajo del coste, el referido operador será sancionado con una multa de importe hasta 100.001 €, considerando se ha producido en ese supuesto, la comisión de una falta grave. En el caso que se produzca reiteración en el hecho, su comisión será reputada como muy grave, pudiendo alcanzar la multa el importe de un millón de euros. Con esta medida, el gobierno pretende prohibir la destrucción  de valor en cada elemento de la cadena. No obstante, la anterior medida cuenta con una excepción, la que se corresponde a ciertos productos perecederos que, por su caducidad, pueden ser comercializados a un precio inferior con la finalidad de evitar el despilfarro alimentario.

Las medidas adoptadas han sido valoradas positivamente por la patronal de la industria de la alimentación y bebidas, por estimar que minimizan la destrucción del valor en la cadena, y por otro lado, incorporan ciertos deberes frente respecto a las promociones comerciales.

Igualmente las medidas contempladas, reflejan la prohibición de la existencia y proliferación de “ofertas engañosas” que “banalizan” los productos o “llevan a error sobre su precio”. Así el gobierno ha considerado dos ejemplos al respecto: “La venta del litro de leche por debajo de los 60 céntimos o promociones que regalan una botella de aceite por la compra de dos botellas de detergente. Eso es una devaluación del producto y del trabajo que no se puede permitir. Estas prácticas quedarán prohibidas”. Igualmente el ejecutivo estima que esta solución legal no comportará una subida de los precios al cliente final.

Desde el sector industrial se critica una de las medidas principales del real decreto, como la que instaura la obligación  de incorporar en los contratos que suscriban agricultores y ganaderos con los primeros compradores, que el precio pactado pueda cubrir los costes de producción. Para determinar estos costes de producción deben valorarse elementos tan variables como los que se corresponden al coste de semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, e índices de precios como los que publica Agricultura.

La última de las medidas principales de la reforma contempla que en el caso de inexistencia de contrato, supondrá la la comisión de una infracción grave, y además tendrán carácter de públicas.