El Tribunal Supremo (TS) ha empezado a establecer Jurisprudencia en relación a los registros de domicilios y sedes de particulares o empresas ejecutados por la Agencia Tributaria (AEAT), considerando que su aplicación debe ser muy restrictiva y sólo para supuestos excepcionales, teniendo en cuenta que la privacidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española.  

El TS ha declarado en virtud reciente sentencia que la viabilidad de utilizar “el factor sorpresa” para minimizar el peligro que podría suponer el aviso previo a un contribuyente investigado, en lo que afecta a la posibilidad de “destrucción de pruebas”, no es motivo suficiente para homologar judicialmente el acceso por parte de la AEAT en la sede social de una empresa o negocio. Debe recordarse que la privacidad del domicilio es un derecho reconocido en la Constitución Española.

En el supuesto enjuiciado frente al TS, la empresa de Minería Hullera Vasco Leonesa, había sido inspeccionada fiscalmente por la AEAT en relación a los ejercicios fiscales entre los años 2002 a 2007. Y en Octubre 2012, la AEAT consideró que había detectado algunas anomalías contables/fiscales, razonando que el negocio en cuestión se había beneficiado fiscalmente del Impuesto de Sociedades denominado en concreto como “dotaciones al factor agotamiento”. Dicho beneficio, posibilita que las empresas del sector Minero rebajen su base imponible efectuando reservas con la condición de que en el plazo no superior a los 10 años reinviertan el importe referido en gastos, trabajos e inmovilizados, en nuevos yacimientos con el fin de compensar el agotamiento de los yacimientos previamente explotados.

La AEAT consideró que “buena parte de las reinversiones” ejecutadas por la Minera a cargo de las referidas dotaciones, había conseguido disminuir el pago de impuestos a lo largo de diferentes y sucesivos ejercicios. No obstante, se estimaba que no se trataban de operaciones válidas ni legítimas para aprovechar el beneficio fiscal contemplado, habida cuenta que la empresa lo había destinado a otro tipo de inversiones distintas a las reguladas por la norma.

La AEAT concluyó que la Minera había seguido manteniendo la misma actuación durante los siguientes ejercicios, por lo que en mayo de 2016 se llevó a cabo una inspección de los ejercicios 2011 a 2014, donde en la “la primera actuación”, según determina el fallo de la Sentencia del TS, fue requerir una orden judicial de entrada y registro en el domicilio social de la Minera para obtener documentación relativa al beneficio fiscal en cuestión. El motivo para pedir la autorización, fue la necesidad de beneficiarse del “factor sorpresa” a efectos de “evitar la desaparición de las pruebas”. En ese sentido, Hacienda fundamentaba que al cierre del ejercicio 2014, la empresa había declarado que quedaban pendientes por reinvertir 2.331 millones de €, relativos a reservas, y que del periodo 2011 a 2006 aún quedaban pendientes de materializar otros 20,5 millones, mientras que la Minera a su vez, había sido declarada en concurso de acreedores en febrero de 2016.

En un principio, la petición de registro del domicilio social de la Minera, fue otorgada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 León. El fallo de la Sentencia actual del TS, determina que “aun aceptando dialécticamente que le contribuyente puede estar efectuando reinversiones que no son aptas”, “nada impedía” a la AEAT, a efectuar requerimiento previo a la empresa para que procediera a acreditar las referidas operaciones de reinversión, o en su caso, se acordase denegarle directamente el beneficio. En consecuencia, el pronunciamiento del TS es claro a tales efectos al determinar que “la Inspección no necesitaba entrar en el domicilio”.

E igualmente El TS se pronuncia expresamente citando que “No alcanza la Sala a identificar qué pruebas podía hacer desaparecer el contribuyente”, habida cuenta que “es él el que tiene que probar” que está legitimado para disfrutar del beneficio fiscal, y en ese sentido, “tampoco comprende en absoluto la relevancia”, estimada por el Tribunal Superior de Castilla y León, en cuanto al “factor sorpresa para asegurar el éxito” de la inspección, ni otorga mayor relevancia a que el negocio estuviera en liquidación concursal, por lo que estima el recurso y anula el registro efectuado en su día por la AEAT, invalidando las pruebas en su caso obtenidas.

En consecuencia, el TS aclara en esta sentencia que la autorización judicial de entrada debe ser otorgada de forma muy restrictiva, habida cuenta que es una actuación que limita el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por lo tanto, sólo procede cuando se trate de una medida absolutamente indispensable, y no puede aplicarse de forma amplia y por hechos que no consten debida y prudentemente acreditados, en otro caso, se impide el libre ejercicio del derecho fundamental de los contribuyentes, tanto empresas como particulares, cuestión que los Tribunales no pueden ni deben amparar en defensa del ordenamiento jurídico.