La grave situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha implicado la adopción de un significativo volumen de medidas y disposiciones legales por parte de las Administraciones Públicas, y en concreto en lo que afecta a la esfera tributaria, las más importantes son:

  • Real Decreto-ley 7/2020, de 13 de marzo, y en concreto lo establecido en el art. 14 que contempla el aplazamiento de deudas tributarias a ingresar entre la fecha referida y el día 30 de mayo. El aplazamiento se podrá otorgar por un periodo de seis meses, y los tres primeros no devengarán intereses. Esta medida, aunque puede resultar positiva para los contribuyentes según la actual situación, no obstante, tiene una limitación que dificulta su aplicación, habida cuenta que sólo se contempla para el supuesto de deudores que ostenten un volumen de operaciones en el ejercicio 2019 inferior a los 6 millones diez mil euros, y para aquellas deudas de importe inferior a los treinta mil euros.

En consecuencia, esta medida solo podrá aplicarse a contribuyentes de reducida dimensión, es decir, básicamente autónomos o pymes. El principal efecto de la medida es el aplazamiento sin garantía de determinadas deudas, como las derivadas de retenciones e ingresos a cuenta o a pagos fraccionados, que hasta ahora estaban excluidas de esa posibilidad.

  • El Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo 2020, decretaba el estado de alarma y establecía diferentes medidas legales, incluyendo determinadas previsiones aplicables a la esfera tributaria. En particular, medidas relativas a la suspensión de plazos procesales, así como plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

Debe matizarse que el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo se ha ocupado de aclarar los plazos procedimentales administrativos en el ámbito tributario, y que los mismos se regulan en base a su normativa especial. En consecuencia, el RD 463/2020 implica la suspensión de los plazos de tramitación de los recursos contencioso-administrativos, sin perjuicio de aquellos actos que cada órgano jurisdiccional considere imprescindible mantener con el fin de evitar males mayores o perjuicios irreparables sobre los derechos e intereses de las partes.

Por otro lado, este Real Decreto determina también la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, lo que conlleva la suspensión de los plazos fijados para la interposición de recursos contencioso-administrativos. No obstante, la prudencia aconseja que los respectivos escritos se presenten dentro de los vencimientos legales ordinarios.

  • Por último, el 18 de marzo 2020 se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, y en concreto el art. 33 contempla la suspensión de los plazos en la esfera tributaria. En general, se regula la ampliación hasta el 30 de abril 2020 de aquellos vencimientos contemplados en los procedimientos tributarios que hubiesen comenzado a computarse de forma previa a la entrada en vigor de esta norma. E igualmente, se amplía hasta el 20 de mayo 2020, los vencimientos notificados desde la entrada en vigor del RDL, salvo que la norma ordinaria prevea otro superior.

Esta regulación contempla expresamente la ampliación hasta el 30 de abril 2020, o en su caso hasta el 30 de mayo 2020, aquellos vencimientos relativos a pago de deudas en período voluntario o en vía de apremio. Y a su vez, los vencimientos de deudas aplazadas o fraccionadas. Esta medida resulta de aplicación general sin limitación en lo que concierne a las características particulares del sujeto pasivo o al importe de la deuda. La ampliación del plazo sigue sin resultar aplicable a la obligación de presentar autoliquidaciones o efectuar e ingresar retenciones e ingresos a cuenta.

COVID-19: Medidas Fiscales, RD Ley 8/2020

Se amplía el plazo de pago de deudas tributarias en trámite, cuyo vencimiento (aplazamientos, fraccionamientos, deudas en voluntaria y ejecutiva entre otros), resulte vigente desde el 18 marzo 2020, procediéndose a la suspensión en cuanto a su pago hasta el 30 abril 2020. Las deudas con término de vencimiento entre el 14 marzo 2020 y el 18 marzo 2020 igualmente resultan suspendidas mientras siga vigente el estado de alarma.

Para todas las deudas comunicadas desde el 18 marzo 2020, el término de vencimiento de pago se aplaza hasta el 20 mayo 2020.

La referida suspensión no alcanza a aquellos términos relativos a plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Por tanto, las declaraciones-autoliquidaciones impositivas como el IVA, retenciones del IRPF o pagos fraccionados del IS no se suspenden, siendo obligatoria su presentación junto con el pago que en supuesto resulte procedente.

Las Comunidades Autónomas ostentan competencias para decretar medidas complementarias. En el caso de Cataluña se ha establecido la suspensión de los vencimientos de presentación e ingreso de tributos de la Generalitat de Catalunya así como los tributos cedidos a dicha Comunidad. La suspensión referida seguirá vigente hasta que se levante el estado de alarma.

Los tributos a los que aplica está suspensión son:

Tributos propios:

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

Impuesto sobre las viviendas vacías.

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.

Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria.

Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.

Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

Gravamen de protección civil.

Canon del agua (que gestiona la Agencia Catalana del Agua).

Tasas y contribuciones especiales que tengan la consideración de tributos propios de la Generalitat.

Tributos cedidos:

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tributos sobre el Juego.