El 7 octubre 2015, entró en vigor la disposición final 1ª de la Ley 42/2015, de 5 de octubre para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que modificó el art. 1.964 del Código Civil (CC), reduciendo drásticamente de 15 a 5 años el término de prescripción para el ejercicio de las acciones personales, lo que afectó desde entonces a los plazos relativos a las acciones de reclamación de cantidad y deudas en general, es decir para la reclamación de todas aquellas obligaciones sin plazo especial de prescripción. Y por tanto, para todas aquellas acciones nacidas de obligaciones, cuyo origen es anterior a la Ley 42/2015, se estableció un régimen transitorio fijando una prescripción que vencerá el 7 octubre 2020.  

Tal como ha sido corroborado por Sentencia nº 29/2020, de 20 de enero del Tribunal Supremo, en línea con lo establecido por la modificación legal referida, todas las acciones personales derivadas de obligaciones originadas entre el 7 octubre 2005 y el 7 octubre 2015, prescribirán a todos los efectos, el día 7 octubre 2020.

Dicha medida, afecta a las acciones personales más habituales, como las acciones dirigidas a la reclamación de deudas relativas a impagos y todas aquellas que pretendan reclamar determinadas indemnizaciones de daños y perjuicios por incumplimientos contractuales parciales o totales derivados de contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, entre otros.

Por tanto, para todas las obligaciones nacidas entre el 7 octubre 2005 y el 7 octubre 2015, los acreedores personas físicas y jurídicas deben tener en cuenta que antes del 7 octubre 2020 deberán haber ejercitado las correspondientes acciones judiciales o en su caso, efectuado las reclamaciones extrajudiciales fehacientes oportunas con el fin de interrumpir los plazos de prescripción previstos. En caso contrario, sus derechos económicos como acreedores así como sus correspondientes acciones de reclamación, quedarán definitivamente truncadas por la falta de acción, a partir del referido día 7 octubre 2020.