Según reciente Sentencia del TSJ Castilla y León, si no existe registro horario, la empresa corre con la carga de la prueba a efectos de demostrar si el contrato de un trabajador es de jornada a tiempo parcial o completa. La omisión de dicha prueba implica para la empresa, la presunción de que la jornada del trabajador es completa.

La obligación del Registro de jornada resultó incorporado a nuestro ordenamiento en virtud Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Dicha normativa, contempla la modificación del art. 34 ET, estableciendo la obligación de la empresa de asegurar el registro diario de jornada, incluyendo el horario de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador contratado.

La regulación es aplicable a cualquier contrato laboral, y además, para los trabajadores a tiempo parcial, el artículo 12.4.c) del ET determina que «la jornada se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”.

En ese sentido, si un demandante reclama a su empresa salarios y vacaciones adeudadas por jornada completa, tal como se venía haciendo en la realidad, aunque su contrato indique que es a tiempo parcial, en el caso que solicite la exhibición de los registros de jornada a su empleadora para su aportación al proceso en fase de prueba, si la empresa no cumple con el requerimiento, implicará presumir que el contrato es a jornada completa.

La referida presunción admite prueba en contrario, pero no cabe exigir al trabajador que pruebe unos hechos que no están a su alcance. Por todo ello, la carga de la prueba se invierte, debiendo la empleadora o empresa, correr con la carga de acreditar el carácter parcial de los servicios contratados.

La ausencia de prueba es un indicio de incumplimiento de las obligaciones de la empresa, no debiendo trasladarse la carga de la prueba al trabajador, habida cuenta que la regulación legal determina que la obligación de llevanza de los registros de jornada corre a cargo de la empresa y, en consecuencia, es quien debe aportarlos a un proceso judicial en caso de ser requerida a tales efectos.

Ante la ausencia de prueba, el Tribunal sólo puede estimar la reclamación o el recurso, y en su caso, totalizar la reclamación aplicando la presunción de jornada completa, dando por acreditadas las alegaciones del trabajador en su reclamación.

Si una empresa no aporta el material probatorio requerido en un proceso judicial, su incumplimiento implica la aplicación de la presunción iuris tantum de celebración del contrato de trabajo a jornada completa.