Con efectos de 6 de marzo de 2019 han sido publicadas las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler mediante el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo.

La intención de la regulación es el establecimiento de medidas destinadas a otorgar mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler y apoyar a los grupos más vulnerables, aliviando la carga financiera de las familias.

Ampliación extensión plazos prórroga obligatoria del contrato de alquiler. (De tres a cinco años, si el arrendador es persona física). (A siete años, si es persona jurídica).  Además, se amplía la prórroga tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años, de uno a tres años.

El Gobierno deberá impulsar la oferta de viviendas en alquiler asumible a través de medidas dirigidas a favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales.

Mejora la coordinación con los servicios sociales para la protección del desahuciado en aquellos casos de vulnerabilidad.

En cuanto a los alquileres se incrementa a dos meses el plazo de preaviso a efectos de no renovar el contrato para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador.

Se obliga a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realizar obras y actuaciones de accesibilidad, sin perjuicio de su montante económico, si existe ayuda pública de al menos el 75 % del coste. Se contempla la necesidad de incrementar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de accesibilidad.

Se contempla la creación en el término de ocho meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, que se vinculará a la subida del IPC. (D.A 2ª)

Sobre los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, los mismos serán a cargo del arrendador cuando se trate de persona jurídica.

En cuanto a las medidas fiscales, se habilita el gravamen del IBI de la vivienda vacía. La bonificación del IBI de aquellas viviendas protegidas en alquiler, así como la eliminación del Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual.

Sobre las viviendas turísticas, se recoge una mejora técnica en la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística, para su concreta regulación por las comunidades autónomas, y se admite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios restrinjan las viviendas de uso turístico, o les asignen mayores gastos comunes.

Se introduce en la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad que en caso de acuerdo de una mayoría de 3/5, de la comunidad de propietarios, se pueda supeditar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio.

También se establece la posibilidad de fijar incrementos hasta un 20% en la participación en los gastos comunes por parte de las viviendas de uso turístico, en el marco del régimen de usos establecido en la ordenación urbanística municipal y de la necesidad de disponer de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumpliendo lo dispuesto en la normativa sectorial turística de aplicación.

En cuanto a los procesos de desahucio, se regula la mejora en la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en aquellos casos de vulnerabilidad, implementando y agilizando el procedimiento.