Por tercera vez desde el nacimiento del euro, la Comisión Europea tiene previsto presentar esta semana una iniciativa para mejorar la transparencia de la fiscalidad de las empresas y evitar la competencia autodestructiva entre las haciendas europeas.

El objetivo es armonizar la base imponible del impuesto sobre sociedades, para que se calcule con arreglo a los mismos parámetros en todos los países de la UE. Y, más tarde, obligar a las grandes empresas a consolidar todos sus resultados para facilitar que paguen los impuestos donde realmente han generado los ingresos.

La iniciativa es muy delicada y ya ha fracasado estrepitosamente en dos ocasiones (2001 y 2011).

Con esos precedentes en mente, el comisario europeo de Fiscalidad, Pierre Moscovici, ha optado por modular la ambición y escindir el proyecto en dos fases que se aplicarían gradualmente.

El primer paso, que Bruselas confía en completar el año que viene, consiste en un proyecto de directiva que fijará una metodología común para el cálculo de la base imponible de las empresas europeas.

En la actualidad, cada uno de los 28 socios de la UE calcula la base imponible con sus propios criterios, lo que deja margen para la discrecionalidad y propicia la competencia desleal entre las haciendas o la ingeniería fiscal de las empresas que en ocasiones, según la Comisión, no solo se libran de pagar impuestos, sino que se desgravan un mismo concepto en dos países distintos.

Si Bruselas logra armonizar el cálculo de la base imponible, el segundo paso es todavía más complicado. Otra directiva impondría hacia 2022 la consolidación de la base imponible de las grandes compañías. Es decir, la suma en una sola cuenta de todos los beneficios y pérdidas obtenidos en la UE para calcular la factura total y repartir el impuesto entre los países donde opera la compañía.

Bruselas admite la dificultad de aprobar dos directivas que requieren la unanimidad de todos los socios de la UE. Pero el departamento de Moscovici cree que en esa ocasión varios factores juegan a favor del éxito.

El primero es que la CE descarta armonizar el tipo del impuesto, lo que dejará margen de maniobra a los Estados para fijar su propio nivel de imposición.

En segundo lugar, el brexit dejará fuera al Reino Unido, uno de los países que tradicionalmente ha vetado cualquier plan de armonización fiscal. Y el resto de saboteadores habituales (Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda) han quedado seriamente desautorizados por los expedientes de la Comisión contra las rebajas fiscales encubiertas que ofrecen a multinacionales como Apple, Starbucks o Fiat.

A favor de cierto grado de armonización fiscal juegan también, según Bruselas, las estrecheces presupuestarias de la mayoría de los Estados de la UE; la dificultad para seguir aumentando la fiscalidad sobre trabajadores y consumidores; y los recientes escándalos sobre la elusión fiscal (como Luxleaks) o sobre los enjuagues fiscales que permiten a las multinacionales reducir casi a cero los impuestos que pagan por operar en el gigantesco mercado único europeo.

La mayoría de los Gobiernos parece admitir que la espiral a la baja de la fiscalidad de las empresas ha dañado la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En los últimos 20 años, según la CE, el tipo medio del impuesto sobre sociedades ha caído casi 10 puntos en la UE como consecuencia de la carrera a la baja entre los Estados para mantener o atraer inversión. El tipo medio europeo se encuentra casi cinco puntos por debajo del de las principales economías de la OCDE. E, incluso, dos puntos por debajo del de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que suelen utilizar la baja fiscalidad como tentación para los inversores.

En Europa, la aportación del impuesto sobre sociedades a las arcas públicas se ha mantenido en torno al 6,5% del total de la recaudación fiscal a pesar de que ha aumentado sensiblemente el número de empresas y se ha ampliado la base imponible. Bruselas sospecha que el estancamiento de los ingresos del impuesto sobre sociedades se debe “a que ciertas compañías abonan el tipo previsto y otras se embarcan en prácticas agresivas de planificación fiscal”.

La fragmentación y la disparidad de este tributo ha derivado, además, en un modelo de imposición que favorece a las grandes empresas transfronterizas y castiga más, proporcionalmente, a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Un estudio de 2015 encargado por la Comisión a las consultoras VVA y ZEW muestra que en el 75% de los países europeos analizados las grandes empresas soportan una carga fiscal menor que las pymes. Las pymes solo salen mejor paradas en España, Francia, Holanda, Bélgica y Lituania. La Comisión completará sus propuestas sobre la armonización de la base imponible con la posibilidad de rebajar la fiscalizad de las pequeñas empresas y las start-up que inviertan en innovación. Leer original