El Tribunal Constitucional (TC) ha archivado el recurso contra la ley normativa que presentó el Gobierno español durante la presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia, llega tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez dirigida a retirar el recurso de su antecesor. Básicamente dos artículos claves de la ley pasan a tener validez. El quinto, que prohíbe a los grandes tenedores de vivienda desahuciar a las familias en situación vulnerable que no pueden abonar la hipoteca o el arrendamiento en su caso, y el séptimo, que obliga a las entidades a ceder por el lapso de tres años sus pisos vacíos a los ayuntamientos para aumentar la bolsa de vivienda social.

Las entidades promotoras de la ley han celebrado el anuncio: “Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores“, según un comunicado. Reiterando que las mesas de emergencia que tramitan los supuestos más complicados necesitan “con urgencia” estas medidas para ofrecer una vivienda a los ciudadanos “en situación de exclusión residencial“.

En base a la Ley, las entidades piden ahora que se paralicen todos los desahucios que afecten a personas sin alternativas habitacionales. Y por otro lado, reclaman a la Generalitat catalana, la activación de herramientas imprescindibles para que los grandes propietarios cedan las viviendas vacías: “La falta de vivienda ya no puede ser una excusa“.

También se reclama a los gobiernos locales, que inicien los contactos necesarios con el poder judicial para identificar las viviendas vacías e implementar las sanciones a aquellas entidades que incumplan la normativa como consecuencia de cortes en los suministros básicos a familias vulnerables o no ofrecer alquiler social en peligro de desahucio. La ley estuvo vigente durante nueve meses antes del recurso: “Nos costó que se aplicara realmente. Hicieron falta muchas formaciones y charlas. Se debe supervisar el cumplimiento de la ley y se deben poner recursos públicos“.