Según sentencia del 29 de enero de 2019 del Tribunal Supremo (TS) aunque la cobertura del seguro contratado de responsabilidad civil del administrador de una empresa no incluya el impago de impuestos, multas o sanciones de las AEAT, el TS estima que si queda cubierto, por tanto, el seguro cubre también la responsabilidad tributaria del administrador.

En el caso que concurran los supuestos contemplados legalmente, el administrador social de una empresa responderá personal e ilimitadamente frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales, incluida Hacienda. Por tanto, para el ejercicio del cargo de administrador de una sociedad se puede suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles responsabilidades económicas derivadas de dicho cargo. Y ahora, según la Sentencia del TS, dicho seguro también alcanza la cobertura derivada del impago de impuestos o posibles sanciones tributarias de la sociedad. Es decir, se determina que se trata de una materia propia de la responsabilidad de los administradores y que el seguro de responsabilidad civil que suscriben estos directivos deben cubrir estas contingencias.

Según el fallo. “Se trata de una responsabilidad prevista, por razón del cargo de administrador, para incentivar una actuación más diligente en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad”.

Por tanto, las aseguradoras no pueden excluir estas contingencias de la cobertura prevista para la responsabilidad civil de los administrador sociales. “Eliminar este daño restringe de forma sorprendente la cobertura del seguro, en relación con su contenido natural, y por ello reviste la consideración de cláusula limitativa de derechos, lo que hubiera precisado la aceptación expresa del tomador mediante su firma”.

El Supremo se remite al art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro, que determina que en virtud del seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado. Por tanto, y “Conforme a esta regulación, más allá de precisar que la obligación cubierta es la de indemnización a un tercero de los perjuicios ocasionados por un hecho, en la medida en que este debe estar previsto en el contrato de seguro, el contenido natural del seguro viene determinado principalmente por el propio contrato”.

La normativa fiscal permite a Hacienda considerar a los administradores responsables de las deudas pendientes de la sociedad en el momento del cese de la actividad, “cuando estos no hubieran hecho lo necesario para su pago o adoptado acuerdos o medidas causantes del impago”. Por tanto, aunque la cobertura del seguro contratado, según las condiciones generales de la póliza, no incluya como “pérdida” el impago de impuestos, multas o sanciones, el TS ha considerado que dichas contingencias sí deben quedar cubiertas por la póliza, estimando que el contenido de estos seguros no se limita a la responsabilidad civil, sino que cubre a su vez, la administrativa (incluida la tributaria). 

“Y ello, por tratarse de una responsabilidad habitual que el administrador asume, y le hace presumir que, cuando concertó el seguro, tenía también cubierto dicho riesgo. De este modo, su exclusión en el apartado de condiciones generales, sin una expresa aceptación, debe considerarse sorpresiva, y por ello limitativa de derechos, debiendo tenerse por no puesta conforme a lo previsto en la Ley del Contrato de Seguro”.