Cualquier nivel de la Administración pública retrasa sus pagos a proveedores superando con creces los plazos establecidos en la Ley de Morosidad. Tanto la administración local que cumple con sus pagos en un periodo aproximado de 60 días, como por otro lado las administraciones autonómicas que pagan generalmente en 39 días, y por su parte, la estatal que igualmente lo hace a los 39 días desde el vencimiento de pago. Es destacable la especial desidia mostrada en general por los entes públicos con esta cuestión.

Los atrasos en los pagos producidos por las administraciones públicas resultan especialmente injustos por los efectos nocivos que suponen para proveedores y autónomos, así como para la economía en general. Es un hecho constatable que se produce un incumplimiento generalizado con los plazos regulados por la ley de morosidad que para todos los casos y administraciones públicas se fija en 30 días.

Los atrasos injustificados e ilegítimos de pago producidos por las administraciones viene corroborado por el reciente informe emitido por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, relativo a los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos.

Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares son las tres comunidades que más retrasan sus pagos a proveedores. El caso de la comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla es especialmente sangrante, triplicando el plazo de la Ley de Morosidad al pagar en 90 días.

No obstante, existen algunas comunidades cumplidoras, como son los casos de Castilla y León, Galicia y Madrid, con tan solo 23 días de espera; País Vasco, con 25 y Navarra, Canarias y Andalucía con 27.

Por su parte, el estudio refleja que la administración local, es la peor pagadora, y algunos casos son especialmente intolerables, como es el caso del que es la que más tarda en pagar sus facturas de toda España. Los proveedores del Ayuntamiento de Jaén tienen que esperar una media de 531 días para percibir el cobro de sus facturas impagadas. Y cabe destacar que los seis ayuntamientos que peor pagan a sus proveedores pertenecen a la Comunidad andaluza.

Por otro lado, hay ayuntamientos cumplidores con los plazos de pagos marcados por la Ley de Morosidad, tales como Lugo (12 días de media), seguida del ayuntamiento de Roquetas de Mar y Torrent (13 días), Girona con 14 días de media, Cornellà y Barcelona con 16 días de media y Zamora y León, ambas con 17 días de media.