El 40% de las comunidades de vecinos sufre impagos de los propietarios. Se trata de un problema endémico y que sigue siendo muy voluminoso pese a los primeros síntomas de recuperación económica. La morosidad de las fincas residenciales asciende a 1.666 millones de euros en toda España, según los datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Eso sí, ese nivel de impago soportado por las comunidades de propietarios disminuyó un 8% en 2016 -último año con datos contrastados- respecto al año anterior (1.812 millones de euros).

La morosidad bancaria disminuyó un 12,2% alcanzando los 330,8 millones de euros. El porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes alcanza al 7,29%. Es decir, en una de cada cinco fincas con morosidad hay un banco que no paga a tiempo. Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas, explica a este diario que el problema es de falta de gestión de las entidades: “Cuando van a venderlos siempre se ponen al corriente de pago”.

No sólo los bancos, todos aquellos que venden sus viviendas deben ponerse al corriente en el pago de las cuotas de la comunidad, porque las deudas se heredan. Si el anterior propietario no ha pagado, el nuevo dueño tiene que hacer frente a las cuotas del año corriente y los tres anteriores.

Aunque la morosidad total bajó en todas las autonomías, los mayores descensos se produjeron en Melilla (-9,9%), Ceuta (-9,1%), Asturias (-9,6%), País Vasco (-8,9%), Cantabria (-8,7%), Castilla y León (un 8,5%), Galicia (-8,4%), Navarra (-8,3%), Castilla-La Mancha (-8,2), Andalucía (-8%), Madrid (-8,1%) y Andalucía (un 8%).

Al cruzar los datos de morosidad vecinal de cada provincia con el número total de pisos se obtiene una ratio muy reveladora para determinar dónde son mayores los impagos. Almería es la ciudad en la que más dinero se debe por cada vivienda: 92 euros, de media. Le siguen Las Palmas (88,4 euros de deuda por cada casa construida), Murcia (87,4), Córdoba (84,3), Islas Baleares (83,9), Cádiz (79,6), Santa Cruz de Tenerife (79,2) y Huelva (78,7). Como se ve, hay una gran preponderancia de provincias costeras. Esto ocurre, en parte, por la incidencia de las urbanizaciones semidesiertas construidas antes del estallido de la burbuja.

“Con la crisis ha habido un cambio de ciclo en las comunidades de propietarios”, explica Díez Lloris. “Históricamente, las deudas no eran lo suficientemente altas como para reclamarlas, porque las costas judiciales del proceso las pagaba la comunidad de vecino, y eran tan elevadas que la demanda no cundía, en la mayoría de los casos”, agrega. Después, en 1999, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal y la situación mejoró, pero con la crisis económica se dispararon de nuevo las deudas. “El problema económico es coyuntural, pero siempre hay una morosidad estructural (morosos profesionales)”, aclara. “Cuando alguien deja de pagar, deja de pagarlo todo”, agrega Díez Lloris.

El procedimiento para reclamar es sencillo. Primero es muy importante que cuando se aprueba una cuota, quede muy claro en el acta la obligación de pago. El segundo paso es que cuando alguien deje de pagar, se debe convocar una junta, en la que la comunidad tiene que acordar la liquidación de la deuda y hacerla constar en acta. Entonces, se le notifica al deudor y se le da un plazo de pago. Si no lo cumple, se le interpone una demanda el juzgado. Leer noticia original