Otra buena noticia para el Gobierno en pleno mes de julio. El Congreso aprobó ayer por mayoría la nueva Ley de Contratos Públicos con el apoyo de todos los partidos a excepción de PSOE y Podemos, quienes a última hora optaron por la abstención pese a la sorpresa del resto de formaciones.

La norma va a cambiar de arriba a abajo un ámbito que mueve un volumen superior al 10% del PIB, y para muestra, el hecho de que vaya a imponer plazos máximos de pago de 60 días entre empresas. Un límite escogido en virtud de la Ley de Morosidad y por el que se busca proteger a la pyme subcontratista, en ocasiones víctima de plazos abusivos.

“Estamos hablando de un país en el que cada día se firman 350 contratos diarios, 2.450 semanales y más de 125.000 al año. Es un cambio importantísimo”, explicaba ayer a este diario Carlos Floriano, encargado de negociar el acuerdo por parte del PP. Floriano recuerda que la Ley, que incorpora varias directivas europeas pendientes de traspaso, será de obligado cumplimiento por todas las Administraciones.

La pyme se ha erigido en la gran protagonista de la tramitación. Además de quedar protegida por la Ley de Morosidad (podrá acudir a instancias públicas si sufre retrasos en los cobros), tendrá desde ahora más facilidad para acceder a los concursos de las Administraciones, ya que la norma reduce considerablemente la burocracia y los preceptos por los cuales una empresa podía resultar adjudicataria.

La nueva Ley de Contratos Públicos incorpora también preceptos para que en las adjuficaciones primen criterios sociales, laborales y medioambientales, y otorga poderes a compañías adjudicatarias de servicios si el Ayuntamiento al que se lo prestan quiere retirarles ese contrato antes de tiempo. Ese fenómeno, conocido como remunicipalización, está siendo protagonizado últimamente por Podemos. Ahora, la Administración tendrá que demostrar que puede prestar un determinado servicio con mejores condiciones que el capital privado. A su vez, la empresa que en su día se adjudicó el contrato podrá presentar un recurso especial al Estado para que dirima el conflicto en cuestión.

PP, Ciudadanos, ERC, PDeCat y PNV conformaron ayer mayoría para aprobar un proyecto que también contempla la creación de un supervisor de contratos públicos y de una Oficina Nacional de Evaluación que emita informes sobre criterios económicos y de rentabilidad social de las futuras grandes obras del país. Leer original texto