El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado el alcance territorial de los tribunales de marcas de la Unión Europea, según Sentencia del 5/09/2019, donde fija que la parte reclamante puede decidir el tribunal del Estado donde deben producir efectos, aquellos usos indebidos y sin consentimiento del titular de una marca discutida, todo ello sin perjuicio de que la decisión de comercialización se adopte en otro estado miembro.

El TJUE determina que «el titular de una marca de la UE que se considera lesionado puede ejercitar una acción por violación de la marca ante un tribunal del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren los consumidores o los profesionales a los que se dirigen esa publicidad y las ofertas de venta». Asimismo, la sentencia destaca especialmente que «a pesar de que el que vulnere la marca haya tomado las decisiones y las medidas destinadas a mostrar por Internet esos productos en otro Estado miembro».

Por otro lado el TJUE establece también que si se contempla la prohibición a los titulares de marcas de la UE, en cuanto al ejercicio de acciones como consecuencia de la violación de marca frente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro, donde se produce la referida declaración de violación, deberían interponer la indicada acción por infracción de la marca de la UE, así como de aquellas marcas nacionales que se considerasen paralelas, ante los tribunales de diferentes Estados miembros. Según establece uno de los pronunciamientos destacables de la resolución: “Ello iría contra el objetivo de reducir los casos de litispendencia que persigue la legislación de la Unión Europea».

Por todo ello, el TJUE, contempla en su resolución, haciendo referencia a la normativa europea de territorio del Estado miembro donde se hubiera cometido el hecho relativo a la infracción de acuerdo con un comportamiento significativamente “activo del autor de la violación alegada». Lo esencial, “es que dicho autor destine o dirija su publicidad u oferta de compra a determinados usuarios situados en un Estado miembro», añade.

Por último, es importante destacar la trascendencia que esta sentencia supone para el sector del comercio electrónico. El fallo viene a considerar que si se constata que en una página web que comercializa determinados productos controvertidos, enfocados a unos consumidores de un país concreto, la empresa afectada puede decidir este lugar o país, para interponer acciones legales en salvaguarda de sus derechos que en su caso, estime hayan sido considere conculcados.