El Tribunal Supremo (TS), ha dictado sentencia que, recogiendo la jurisprudencia mayoritaria, establece de forma definitiva, los límites de actuación de la Administración tributaria frente a la administración concursal, una vez el obligado tributario es declarado en concurso de acreedores.

Según el TS, en virtud del art. 84.4 Ley 22/2003 de la Ley Concursal (LC), se determina la paralización del inicio de ejecuciones singulares, hasta que no se abra la liquidación o no haya transcurrido un año desde la declaración de concurso. No obstante, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y de la Sala de lo Civil del TS, han venido eliminando dicha interpretación, entendiendo que el referido artículo, debe ser ponderado con el resto de las normas de la Ley Concursal. Así las cosas, el art. 55.1 LC, dice que «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor».

Aunque el art 55 LC no diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, su ubicación en la Sección 2ª del Capítulo II del Título III de la LC, dedicado a los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores, lleva a deducir que se refiere únicamente a los créditos estrictamente concursales, es decir, no vincula a los créditos contra la masa. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil niega dicha conclusión por estimar que «…la prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los créditos contra la masa, y cesa con la aprobación del convenio, conforme a lo regulado en el art. 133.2 LC .».

Por tanto, con esta Sentencia el TS solventa en casación la compleja interpretación conjunta de los artículos 84.4 LC y el 164.2 de la Ley General Tributaria (ambos modificados por la Ley 38/2011). El primero confirma que las acciones dirigidas “al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal”, sin que puedan iniciarse ejecuciones administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin ninguno de los anteriores.

Por otro lado, el art. 164.2 LGT, establece que iniciado el concurso, se estará a lo dispuesto en la Ley Concursal, “sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del periodo ejecutivo”.

El TS confirma que el artículo 84.4 LC debe ser ponderado con lo determinado en el art. 55.1 LC, que por su parte, propugna que una vez iniciado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

A su vez, y aunque el art. el 164.2 LGT establece “que admite la providencia de apremio”, el TS impugna dicha aseveración, al considerar que “no es posible considerar en este punto la norma al margen de la Ley Concursal”. Por todo ello, la Sentencia establece que una vez abierta la liquidación concursal, igualmente la AEAT “no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración del concurso”.

En definitiva, la reciente Sentencia del TS, fija como doctrina legal, que la interpretación conjunta del art. 164.2 LGT con los arts. 55 y 84.4 LC, llevan a considerar que, una vez abierta la liquidación concursal, efectivamente la Administración tributaria no puede decretar providencias de apremio o embargo, con el fin de obtener la efectividad de sus créditos contra la masa, hasta que no se levanten definitivamente los efectos de la declaración de concurso, procediendo la reclamación del pago de los créditos contra la masa de su titularidad, frente al juez del concurso por los trámites del incidente concursal.