La Abogacía Española considera que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales. Esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable.

Incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos.

La medida conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, realizará las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema.

RECURSOS DE CONSEJOS AUTONÓMICOS

La Abogacía de Castilla y León recurrirá ante los propios tribunales de Justicia el acuerdo del CGPJ para limitar los litigios sobre cláusulas suelo a un solo juzgado por provincia, tras la reunión del Pleno en Granada. Los abogados castellano-leoneses se alinean, así, con su propia acción judicial, añadida a la que emprende la Abogacía para toda España.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados recurrirá el acuerdo del CGPJ de creación de Juzgados únicos especializados en cláusulas suelo. El máximo órgano de gobierno de la abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos.

También el Consell de l’Advocacia Catalana ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión cautelar del acuerdo del CGPJ. La Abogacía Catalana argumenta que este plan puede perjudicar los intereses de los afectados para que dificulta el acceso a la justicia del ciudadano, que deberá desplazarse y destinar unos recursos económicos y de tiempo para defender sus derechos ante los tribunales.

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados denuncia la falta de medios materiales y humanos en los tres juzgados de la Comunidad designados para llevar a cabo este tipo de litigios y además advierten del perjuicio para el ciudadano que supone el hecho de tener que desplazarse en según qué casos a otras ciudades para seguir el proceso judicial. Para el Consejo los ciudadanos serán los principales perjudicados por este plan ya que “además de no recibir una atención adecuada, en muchos casos deberán hacer desplazamientos considerables”. Leer original