El BOE ha publicado la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales. La norma entró en vigor el 13 de marzo de 2019. Con ella se transpone al derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, sobre protección de los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados o secretos comerciales, contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Por primera vez, existe en España una ley especial reguladora de “secretos empresariales”. Anteriormente, se amparaban por medio de diferentes regulaciones en el Código Penal, Ley de Competencia Desleal y en virtud contratos privados.

La LSE pretende la protección de los “secretos empresariales”, estableciendo el alcance de su significado y hasta qué punto su utilización, uso o revelación resulta ilícito, así como fijar los mecanismos legales destinados a su protección.

  • Alcance y significado de ‘secreto empresarial’:

La LSE contempla el “secreto empresarial” como cualquier información del ámbito empresarial, incluyendo el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres requisitos:

  • Se tratará de un secreto, por tanto, no debe ser generalmente conocido ni fácilmente accesible para los círculos en que normalmente se utilizaría;
  • debe tener valor empresarial como consecuencia de su carácter secreto; y
  • deben adoptarse medidas razonables por parte de su titular para que permanezca secreto.

En el marco de esta definición, pueden ser secretos empresariales, entre otros, las invenciones no patentadas, los algoritmos, las fórmulas matemáticas y químicas, los procedimientos de fabricación, las listas de clientes y proveedores, la información sobre precios y costes, los planes de negocio o las estrategias de marketing. 

  • Impacto de la protección de los secretos empresariales en el ámbito laboral:

La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva, ni restringirá la movilidad de los trabajadores.

En especial, la protección de los secretos empresariales no puede comportar limitaciones del uso por parte de los trabajadores de experiencia y competencias adquiridas legítimamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial. Tampoco debe utilizarse para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

Al respecto, la LSE se remite al Título IV de la Ley de Patentes, en lo concerniente al tratamiento de las mejoras técnicas no patentables realizadas en el marco de una relación laboral o de servicios.

  • Adopción de medidas concretas para reforzar la seguridad de la información sensible en el ámbito laboral:

La mayoría de violaciones sobre secretos empresariales se producen por empleados, ex empleados o colaboradores de las empresas con acceso directo a la información privilegiada o sensible. Resulta esencial que en el ámbito empresarial se adopten medidas concretas dirigidas a impedir la revelación de información sensible. En el caso de producirse, se deben contar con los mecanismos indispensables dirigidos a incriminar judicialmente la violación.

  • Actuaciones ilícitas previstas en la LSE:

Se considera ilícita la obtención de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular si se realiza por medio de un acceso no autorizado, apropiación o copia no acreditada sobre cualquier soporte en el que se encuentre el referido “secreto empresarial”. O en su caso, desde el que se pueda deducir; o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales.

A su vez, la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular resulta ilícita si viene precedida de una obtención ilícita, o se incumple una obligación de confidencialidad o de similar naturaleza.

  • Productos o servicios que incorporan un secreto empresarial obtenido de forma ilícita:

La LSE prohíbe la producción, oferta, comercialización y la importación, exportación o almacenamiento con dichos fines de la mercancía infractora. En definitiva, de todo producto o servicio que incorpore un secreto empresarial, siempre que se haya obtenido de forma ilícita y se obtenga un beneficio o ventaja significativa.

  • Responsables por violación del secreto empresarial:

La LSE determina un sistema de responsabilidad objetiva. Por tanto, responden todos aquellos que obtienen, utilizan o revelan el secreto empresarial, sabiendo que lo hacen sin consentimiento de su titular, así como todos aquellos que deberían haber sabido acerca de su origen ilícito, y por último los terceros adquirentes de buena fe, es decir, los que utilizan un secreto empresarial ajeno, aunque no conozcan ni tenían por qué conocer el origen ilícito del mismo.

A pesar de lo anterior, contra los terceros adquirentes de buena fe no pueden interponerse acciones de indemnización de daños y perjuicios. Y por otro lado, en el caso de resultar demandado un tercer adquirente de buena fe, este puede pedir al juez que sustituya las acciones de cesación, remoción, embargo de bienes, etc. ejercitadas por el demandante, a cambio de una indemnización económica, siempre y cuando resulte razonablemente satisfactoria para el demandante y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causarle un perjuicio desproporcionado al demandado.

  • Cuando resulta lícita la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales:

La obtención es lícita en cuatro supuestos: 1- descubrimiento y creación independientes, 2- ingeniería inversa (observación, estudio, desmontaje o ensayo) sin obligación de confidencialidad, 3- ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados, y 4- cualquier otra actuación que deba considerarse leal.

No procede el ejercicio de acciones con base en la LSE cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes: 1- ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, 2- finalidad de descubrir alguna ilegalidad en defensa del interés general, 3- revelación por parte de empleados a sus representantes legales, cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones, y 4- protección de un interés legítimo legal.

  • Transmisibilidad del secreto empresarial:

El secreto empresarial puede ser objeto de cesión y de licencia exclusiva o no exclusiva.

  • Acciones previstas en la LSE, para la defensa del “Secreto empresarial”, y plazo para su ejercicio

Se regulan las acciones de 1- declaración de infracción, 2- cesación o prohibición, 3- aprehensión de las mercancías infractoras, 4- remoción, 5- atribución de las mercancías infractoras en propiedad, 6- indemnización de daños y perjuicios y 7- publicación de la sentencia. El plazo de prescripción es de tres años desde que se obtuvo conocimiento de la infracción.

Otra de las novedades de la LSE es la facultad de jueces y Tribunales para adoptar medidas dirigidas a preservar la información confidencial incorporada a procedimientos judiciales, con el fin de evitar que los titulares de secretos empresariales se sientan desmotivados a la hora de  interponer acciones judiciales por el peligro de que la información sensible se desvele pública o notoriamente.