EL TS ha confirmado la nulidad de la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre actuaciones de inspección y control de viviendas vacías o permanentemente desocupadas estimando que el consistorio es incompetente para aprobar disposiciones de carácter general en esta materia y, en particular, determina que la actividad gravada por dicha tasa no es competencia municipal.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaraba la nulidad de pleno derecho del apartado 9 del artículo -hecho imponible- y de los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 del Anexo de tarifas de la Ordenanza Fiscal 3.1 del ayuntamiento demandado, reguladora de la tasa municipal por servicios generales.

La sentencia apelada, cuyo fallo ha corroborado el Tribunal Supremo, dio la razón a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) en su recurso contra la modificación de dicha tasa municipal aprobada el 30 de septiembre de 2016.

El TS, en contra de lo pretendido por el ayuntamiento de Barcelona, determina conculcado el artículo 20 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 52 de la Ley 1/2006 reguladora del Régimen Especial del municipio de Barcelona.

El TS determina que las tasas locales han de cumplir con el principio de legalidad tributaria y en materia de tributos locales su regulación se desarrolla a través de las ordenanzas fiscales, siendo una potestad reglamentaria que como consecuencia debido al doble juego que resulta de la autonomía municipal constitucionalmente reconocida y el carácter democrático de las corporaciones locales, tiene una especial extensión, “pero no hasta el punto de dejar sin efecto la observancia de lo establecido en la Ley sobre los elementos esenciales de cada tributo”.

El TS estima que la actuación del ayuntamiento de Barcelona “no resulta encuadrable en ninguno de los servicios o actividades que se incluyen en el elenco de su apartado 4 y tampoco es de apreciar esa sustancial semejanza jurídica a que antes se ha hecho referencia; y, en segundo lugar, porque ha de respetarse la decisión interpretativa y aplicativa de la sentencia recurrida sobre que la Ley 18/2007 de Catalunya no otorga competencias al ayuntamiento de Barcelona para realizar la actividad gravada con las tasas aquí polémicas”.