El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha ratificado la doctrina de los tribunales españoles que rechaza rebajar a los terroristas el tiempo de condena cumplido en el extranjero.

Por tercera vez, el TEDH confirma la acumulación de penas, de forma favorable al Estado español, en respuesta a los recursos presentados por presos de ETA.

En concreto, la Sentencia del TEDH, funda su razonamiento manifestando literalmente que la pretensión esgrimida por los terroristas recurrentes «debe ser rechazada por ser manifiestamente infundada».

Al igual que en ocasiones anteriores, en este caso los recurrentes alegaban vulneración de los artículos 7 y 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que versan sobre la imposibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo cuando resulte lesiva para el reo y sobre la detención ilegal, que los demandantes relacionan con el hecho de que van a superar el máximo de 30 años en prisión si se tienen en cuenta los años cumplidos en Francia.

Sin perjuicio que en España ningún tribunal se ha pronunciado a favor de los recurrentes en lo concerniente a la acumulación de penas, el TEDH también funda su sentencia también en su propia jurisprudencia para razonar que no ve «ninguna razón para apartarse de esta jurisprudencia en este caso».

Asimismo, se estima que las negativas a la acumulación de las condenas que resolvieron previamente los tribunales españoles «no alteraron la duración máxima de las penas en España, que siempre se fijó en 30 años de prisión para cada uno de los solicitantes».

Por su parte, la sentencia del TEDH afirma dice que «en el momento en que cometieron los delitos penales y en el momento de la adopción de las decisiones de acumulación y/o límite de las penas, la legislación nacional no preveía, en un grado razonable, la acumulación de sentencias ya cumplidas en otro Estado».

«Los solicitantes no podrían haber creído razonablemente mientras cumplían sus penas de prisión y en el momento de la adopción de la acumulación y el límite máximo de las condenas, que se tendría en cuenta la duración de las sentencias cumplidas en Francia en este límite de 30 años previsto por la Ley penal española», según determina la Sentencia de Estrasburgo.