El Pleno del Tribunal Constitucional establece que todas las decisiones procesales dictadas por los secretarios judiciales deben poder ser revisadas por un juez.

La ausencia de revisión por un juez o tribunal de algunas de las decisiones que, tras la implantación de la nueva oficina judicial, recaen en exclusiva en los secretarios judiciales lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución) y el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (artículo 117.3 del mismo texto legal).

Así lo ha determinado el Pleno del Tribunal Constitucional de forma unánime en una sentencia con fecha del pasado 17 de marzo, que declara inconstitucional y nulo el primer párrafo del artículo 102 bis.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual no cabe que el juez revise los decretos dictados por el secretario judicial para resolver los recursos de reposición planteados contra sus propias decisiones.

Además, el Pleno ha acordado que, mientras el legislador no se pronuncie sobre el párrafo anulado, contra los decretos de los letrados de la Administración de Justicia (nombre actual de los secretarios judiciales) que resuelvan recursos de reposición cabrá la revisión por el juez o tribunal, tal y como se establece para otros supuestos.

El Tribunal toma esta medida al resolver un recurso de amparo en el que un ciudadano alegaba vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Concretamente, el 25 de abril de 2011 el secretario judicial de un juzgado de Madrid dictó una diligencia de ordenación que señaló la celebración del juicio oral para el 22 de abril de 2014. El afectado recurrió el señalamiento de la vista, pero fue desestimado por decreto del secretario judicial, decisión esta última que, según establece el 102 bis.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es susceptible de revisión por el titular del juzgado antes de la conclusión del proceso.

La aplicación del citado precepto a este caso supuso que el afectado no pudo recurrir ante el juez la decisión del secretario judicial de fijar la celebración del juicio con un plazo de tres años. De hecho, sólo habría podido replantear la cuestión en un eventual recurso contra la sentencia dictada tras la celebración del juicio, cuando la dilación ya se habría consumado. Es decir, en este caso el juez no pudo revisar la decisión adoptada por el letrado de la Administración de Justicia, pese a que afectaba al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, y de ahí la decisión del Constitucional.

Toma de decisiones procesales

El TC entiende que con el precepto legal ahora anulado se creaba “un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los jueces y tribunales integrantes del poder judicial”. Tras la implantación del nuevo modelo de oficina judicial, la toma de decisiones dentro del proceso se distribuye entre jueces y magistrados, por un lado, y letrados de la Administración de Justicia, por otro.

A los primeros se reserva la “función estrictamente jurisdiccional” -es decir, lo que la Constitución define como “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”- y se les descarga de las tareas no jurisdiccionales, que asumen los secretarios judiciales. Leer original