Según reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS), anula la ley de Montoro que fijaban unas costas fijas del 2% sobre el capital reclamado, por el hecho de pleitear contra Hacienda, y además critica la «profunda inseguridad jurídica» existente en el ámbito fiscal.

Según algunos medios han expresado, efectivamente «pleitear con Hacienda será gratis», después que el TS haya anulado las costas en los procedimientos judiciales seguidos contra la administración tributaria. El TS anula el artículo 51.2 del Real Decreto 1073/2017 aprobada durante la gestión de Cristóbal Montoro.

El TS determina que el modelo de costas fijadas por Montoro es nulo al suponer un sistema genérico, no vinculado «al procedimiento» donde se fijan unas tasas o sanciones, en vez de costas. Además, contra la condena a costas no cabía ningún recurso administrativo.

El TS no discute la improcedencia de las costas en sí mismas, que en todo caso podrían ser objeto de cuestión de constitucionalidad.

En su momento, la AEAT cuantificó las referidas “costas” en un porcentaje del 2% relativo a la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 € para aquellas reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y por otro lado, de 500 € para los que se resuelvan por órgano colegiado. En el supuesto de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarían en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podían actualizarse por Orden Ministerial.

La Ley General Tributaria establece que el procedimiento económico-administrativo será gratuito, pero que puede regularse que haya costas para los casos que el tribunal económico-administrativo estime oportunos.

La administración tributaria puede volver a regular estas costas, no obstante, no podrá hacerlo mediante Real Decreto, sino que tendrá que tramitarlo como Ley.

El TS, se pronuncia definiendo como “profunda inseguridad jurídica dentro del ámbito fiscal”, y recuerda que el legislador está obligado a «buscar la claridad y no la confusión de la norma» para que «el ciudadano sepa a qué atenerse». La sentencia estima que la mayor parte de la actividad legislativa de la AEAT ha perseguido todo lo contrario.

En este sentido, el Supremo determina que «es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal».

A su vez, el TS, considera que existe una clara ambigüedad en la redacción de las normas emanadas de la administración tributaria y que, en ocasiones, «descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían inviable su aplicación». De este modo, cita como ejemplo que «se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa» para jugar «con la imposición directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales».

El Supremo recuerda a la administración tributaria que «la inmediata certidumbre en el desarrollo de las normas» no es un «desideratum, sino una exigencia jurídica conectada directamente con el principio de seguridad jurídica y cuyo incumplimiento debe acarrear las consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva a las quiebras constitucionales».