El Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado el verano pasado, y cuyos trabajos en el Congreso empezaron al calor de la indignación social tras el estallido del caso de La Manada, ya insta al Gobierno a plantear una serie de reformas al Código Penal para revisar los delitos sexuales. Una idea que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha hecho suya este viernes, a raíz de la sentencia por el ya famoso caso de violación durante los Sanfermines de julio de 2016.

El citado pacto no es una ley, pero plantea determinadas recomendaciones al Gobierno que este aceptó suscribir. Varios grupos parlamentarios han instado al Ejecutivo que convierta en realidad lo refrendado en el documento.

Entre los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado se incluye retocar en el Código Penal en vigor, aprobado en 1995. Así, se plantea “crear un marco regulador que permita realizar un tratamiento integral de las violencias sexuales“. En el documento los partidos se comprometen a aplicar el conocido como ‘Convenio de Estambul‘, texto internacional ya suscrito por España y considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas. El convenio obliga a los países firmantes a considerar como violación “la penetración no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto”, haya o no haya violencia.

Es a raíz de este Convenio que el Pacto concreta que habría que aportar modificaciones a los artículos 178 a 183 bis del Código Penal, los que hablan de la superioridad de los agresores sobre la víctima, abuso y agresión sexual. Se replantea así la necesidad de que haya violencia para que un acto pueda considerarse un intento de someter a una mujer y abre a legislar para que los casos en que no hay violencia física pero sí una situación de superioridad sobre la víctima que anula su consentimiento puedan castigarse como agresión sexual y no como abuso. En uno de los votos particulares para la aprobación del pacto, Unidos Podemos (que finalmente se abstuvo de su firma) subrayaba la necesidad de que “la violencia sexual comprenda desde la violación o la tentativa hasta cualquier tipo de acto o conducta de naturaleza sexual no deseado”.

En la misma línea, en la Comisión de expertos que asesoró el planteamiento del Pacto, la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial recomendó “modificar el Código Penal para que no sea exigible la intención subjetiva de subyugar o someter a la mujer para que exista una condena”.

Tal y como ha detallado este periódico, la presencia o no de violencia en un acto sexual ya ha sido determinante en casos juzgados por los máximos tribunales. El más reciente, cuando en marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajó de 4 a 6 años una condena de prisión por considerar que los hechos no eran constitutivos de un delito de agresión sexual (violación), sino de abuso sexual, puesto que no quedaba acreditado que mediara violencia o intimidación. Leer noticia original