El juez del concurso ostenta competencia para declarar necesarios los bienes embargados por un Juzgado Social previamente, si son destinados a la continuidad de la actividad empresarial de la concursada. Dicha competencia no la ostenta el juez de lo social, debiendo permanecer suspendida la ejecución hasta tal declaración, según establece una reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

El criterio es aplicable tanto para las ejecuciones administrativas como para las de carácter judicial, incluyendo las tramitadas ante el orden social. La competencia del juzgado Social para ejecutar bienes embargados sin declaración previa de su carácter necesario para la continuidad de la actividad solo se proclama cuando la empresa está inoperativa, resultando improcedente tal declaración.

La determinación sobre qué bienes objeto del embargo resultan o no indispensables para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor determinada en el art. 55 de la Ley Concursal (LC), es del juzgado Mercantil y no de la jurisdicción Social.

Esta determinación de carácter necesario al que refiere el precepto debe materializarse valorando el fin pretendido por la ley, es decir, preservar la actividad del concursado como herramienta a efectos de satisfacer ó liquidar sus créditos. Por tanto, se aplica a los elementos enmarcados dentro de la organización de la actividad económica del deudor, debiendo considerarse imprescindibles para la continuidad de la empresa.

En consecuencia, dicha perspectiva solo puede tenerla el juzgado Mercantil valorando la situación concreta que atañe al deudor, prescindiendo de criterios abstractos, sin excluir tampoco el dinero en metálico.  En el caso que el juez de lo social haya dictado previamente a la situación concursal de la empresa, determinadas resoluciones dirigidas al embargo y ejecución de bienes, ello no impide que despliegue sus efectos el art. 55 LC. El juzgado Social debe suspender su actividad ejecutiva a la espera del pronunciamiento del juzgado Mercantil sobre el carácter necesario de los bienes embargados, atendiendo a la prosecución de la actividad empresarial de la concursada.