El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que contempla la cuantía de la pensión de jubilación de trabajadores a tiempo parcial por estimar que conculca el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación de la mujer.

En especial, ha determinado la nulidad del inciso “de jubilación y” del párr. 1º de la regla 3ª, letra c), de la disposición adicional séptima , apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el RDL 1/1994, de 20 de junio, en redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

La sentencia, estima que dicho inciso conculca el derecho a la igualdad entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial para el cálculo de la cuantía de la pensión, como consecuencia de la forma de calcular el periodo de cotización. Por otro lado, constituye una discriminación indirecta por razón del sexo, dado que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que ocasiona impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo.

La Sentencia determina que el precepto causa desigualdad de trato al faltar los requisitos de “justificación objetiva y razonable” de las diferencias que establece. E, igualmente, “se rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo”. “…lo que no resulta justificado es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados, diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos.

Esta afectación predominante a las mujeres trabajadoras se reputa expresamente en la sentencia como discriminación indirecta, según la definición del art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La conclusión sobre la lesión del art. 14 CE, al provocar una discriminación indirecta por razón de sexo, está en línea con la solución determinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 8 de mayo de 2019.

En cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, el Pleno, aplicando su reiterada doctrina, señala que no sólo habrá de preservarse la cosa juzgada sino que, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a las situaciones administrativas firmes.